Pocas veces en la historia de la nación se ha vivido una campaña presidencial más marcada por la guerra sucia, como la que terminará el próximo 19 de junio con la escogencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. La pregunta obligatoria es qué país gobernará el ungido por el electorado y en qué estado de salud amanecerá la democracia, después de tanto odio destilado a través de las redes sociales por los seguidores enardecidos de uno y otro bando y, lo que es peor, por los propios candidatos. Las últimas encuestas muestran que los comicios se decidirán por un estrecho margen, lo que supone un escenario de mayor crispación ante la eventual aceptación de los resultados por los seguidores del perdedor, dada la escasa credibilidad de la Registraduría, una autoridad electoral que ha estado en el ojo del huracán a lo largo del calendario electoral.
Un lenguaje tan bajo y agresivo no se escuchaba desde los años de la época de La Violencia, que se inició en 1948 con el magnicidio del caudillo Jorge Eliécer Gaitán y que dejó a lo largo de los años un saldo de más de 300.000 muertos. Una muestra más del declive y la degradación democrática agravada por la debilidad del Estado, la incapacidad del Gobierno, la irrelevancia del Congreso, la cooptación de los organismos de control y el ataque a una sociedad civil diezmada por la reconcentración del poder en cabeza del Jefe del ejecutivo.
La pregunta es compleja: ¿Cómo unir a Colombia, sanar las heridas, cerrar las grietas sociales y trazar una agenda de unidad nacional que permita avanzar en la recuperación económica, el fortalecimiento de la democracia y la agenda reformista hibernada en los últimos cuatro años? No parece una tarea fácil, máxime cuando la realidad política sufre de una desconexión de la política con la ciudadanía, un centro político pulverizado, el colapso de los partidos, el ocaso de los caudillismos, el surgimiento de nuevos liderazgos sociales, el renovado poder de la sociedad civil y la irrupción de una nueva agenda que va más allá del trillado discurso de la guerra o la paz, que mantuvo a Colombia atada a las intervenciones abusivas de las Farc y los paramilitares en la política, en alianzas non sanctas con sectores radicales.
En Colombia aún se escuchan los ecos del estallido social del 2021 que tuvo al borde del colapso a un gobierno saliente, que termina con una exigua popularidad. El nuevo presidente se enfrentará a un país víctima de la enorme tormenta económica que recorre el mundo, potenciada por un ciclón de desigualdad social, a un Congreso sin mayorías para tramitar sus leyes, a una sociedad fracturada y a una sed de grandes reformas sin etiquetas de izquierda o derecha, que se reclaman a gritos. Es obvio que una nueva frustración conducirá a nuevas rupturas sociales que ahondarán el extremismo y el caos. Por ello, es tan importante pensar en el día después, para desactivar desde ahora la latente bomba social que se esconde en medio del fragor electoral.
La clave para unir al país estará en convocar a un Gran Acuerdo que parta del acatamiento de la Constitución de 1991, como base de un Estado democrático de derecho, con la capacidad de edificar una agenda de reconstrucción nacional que incluya a todos los ciudadanos y no solo a quienes votaron por una u otra opción. Son demasiados frentes de trabajo como para distraerse, pasando cuentas de cobro, promoviendo retaliaciones o insistiendo en agudizar la división. Además, las altas expectativas que existen sobre cualquiera de los candidatos se estrellarán de frente con la realidad de las cifras, carcomidas por indicadores sociales vergonzosos. Por ello hay que arrebatarle la agenda social a los violentos y a los extremistas.
Es urgente que Petro y Hernández se comprometan con Columna Digital y el mundo a construir un Gran Pacto de Unidad Nacional para impedir que Colombia se hunda en el abismo de la radicalizacion, el populismo o el autoritarismo. Varios sectores sociales ya reclaman un “diálogo amplio y abierto en favor de la convivencia nacional” para superar la intolerancia fanática y el envilecimiento del lenguaje, como lo ha hecho la Academia Colombiana de Jurisprudencia con la firma de un centenar de los juristas más importantes del país. Es hora de convergencias, deliberación, consensos, acuerdos y reformas.
Este acuerdo para blindar la democracia debe incluir la garantía del respeto absoluto por el resultado electoral, la protección de la Constitución, gobernando desde el primer día sin pisotear el ordenamiento legal y respetando la independencia de poderes; convocando a un gobierno de unidad que disipe cualquier nubarrón autoritario o el escalamiento de la confrontación social; y el inicio inmediato y consensuado de las grandes reformas aplazadas por décadas, sin aventuras constituyentes, profundizando el cumplimiento de los acuerdos de paz y buscando el silencio absoluto de las armas y el fin de la guerra. La salud de la democracia exige más que nunca diálogo social, inclusión, equidad, buen gobierno y ética pública. Lo otro será la ingobernabilidad política y social.
No es imposible. En situaciones de similar incertidumbre, hemos sido capaces de deponer los odios y escribir, como en 1991, lecciones para la historia, con el heroísmo del respeto a las instituciones. El ganador del próximo domingo debe enviar desde el primer instante un mensaje que desarme los espíritus y nos imponga la tarea de cicatrizar heridas, trabajar juntos y salvar una democracia en cuidados intensivos; un sistema político que, al decir de Pepa Bueno en reciente Festival del pensamiento iberoamericano, ha mostrado su impotencia para responder a los ciudadanos, pero que tal vez con una fuerte dosis de buena política, buenos políticos y buenas políticas sociales, puede recuperar el brío que la pandemia resquebrajó, dejando en el camino ciudadanías más pobres, más desiguales, más desconfiadas y más indignadas.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
