Es un derecho en Uruguay interrumpir el embarazo, sin embargo las creencias de la sociedad impiden realizar esta practica a pesar que la ley lo permite, si una mujer acude en este momento a los hospitales públicos de las ciudades de Colonia del Sacramento, Mercedes (suroeste del país) y Melo (este) con intención de abortar tendrá que ser trasladada a otro lugar, ya que el 100% de los ginecólogos de estos centros se ha declarado objetor de conciencia.
Son datos de la organización social Mujer y Salud Uruguay (MYSU), que han suscitado preocupación en el país, donde hay otros profesionales sanitarios que también se escudan en sus creencias para no realizar esta práctica, sobre todo en las zonas del interior, donde vive un 50% de la población, aunque los datos oficiales escasean y no están actualizados. Este diario solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública (MSP) para obtener información sobre los ginecólogos objetores de conciencia y otros datos actualizados, pero no recibió respuesta.
Pero no es el momento de revisar la ley, porque el contexto político de Uruguay es muy conservador y el riesgo de retroceder es mayor que las posibilidades de avanzar
Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias
Diez años después de la promulgación de la ley IVE, como es conocida en Uruguay, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer coinciden en la necesidad de reformarla, aunque el contexto político actual del país no sea el más propicio. Otros, como el ginecólogo Lionel Briozzo, viceministro de Sanidad en 2012, aspira a que el delito por aborto desaparezca definitivamente del código penal y sea un asunto que se resuelva entre la mujer y un centro médico, como ocurre en países como Canadá.
“No se combate el estigma y la discriminación que siguen existiendo hacia quienes deciden abortar como hacia los equipos profesionales que brindan la atención”, resumió el MYSU en un informe publicado con motivo del décimo aniversario de la promulgación de la ley, en el que denunció que autoridades del actual gobierno de Luis Lacalle Pou (centro-derecha), que asumió en 2020, han situado a “profesionales ‘objetores’ a cargo de los servicios que reniegan dar”. “Lejos de avanzar, retrocedimos”, zanja la organización.
Según Lilián Abracinskas, directora de MYSU, la ley nunca fue la que deseaban las organizaciones feministas, pero fue la única “posible” dentro del marco político favorable que se vivía en el país entre 2010 y 2015, bajo la presidencia de José Mujica (Frente Amplio, centroizquierda). En aquel momento en las calles, multitudinarias manifestaciones mostrando manos anaranjadas pedían la legalización del aborto y Mujica no se opuso a la norma, a diferencia de su antecesor, Tabaré Vázquez, quien vetó los artículos que despenalizaban el aborto en una ley aprobada por el parlamento en 2008.
La ley establece la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplían a 14 en caso de violación. Los plazos desaparecen cuando existan anomalías fetales o la vida de la madre corra peligro. Sin embargo, para interrumpir el embarazo la mujer tiene seguir varios pasos: manifestar su voluntad ante una instancia médica, comparecer ante un tribunal integrado por un ginecólogo, un experto en salud mental y un asistente social que le explicarán riesgos y alternativas y reflexionar cinco días antes de ratificar su decisión. “Sería bueno revisar y mejorar” la ley, admite a este diario Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias, asociación de defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La responsable propone incluir a parteras y médicos de familia en esta práctica para la que solo están habilitados los ginecólogos y considera que los cinco días de reflexión de la mujer que desea abortar podrían ser optativos. “Pero no es el momento de revisar la ley, porque el contexto político de Uruguay es muy conservador y el riesgo de retroceder es mayor que las posibilidades de avanzar”, reconoce.
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