El Gobierno de Venezuela necesita capital y a partir de este lunes pone a la venta, según anunció Nicolás Maduro, entre el 5% y el 10% de las acciones de las dos empresas públicas que lideran el sector de las telecomunicaciones, Cantv y Movilnet. La medida supone enterrar el pasado de expropiaciones y hostilidades con el sector privado que el chavismo enarboló como bandera del socialismo bolivariano, en un viraje con el que el mandatario venezolano intenta reflotar la economía de un país casi totalmente quebrado. “Usted se podrá convertir en inversionista de Cantv, Movilnet, de Pequiven, de las empresas mixtas de petróleo, de gas, de las empresas básicas de Guayana (hierro, acero, aluminio)”, dijo Maduro en un acto televisado en el que también anunció que promovería una ley para impulsar la inversión extranjera. “Necesitamos capital”, añadió.
El anuncio ha generado expectativas en la Bolsa de Caracas e inmediatamente ocasionó un salto en el valor de las acciones de Cantv, que han subido el 19,6% esta semana. Ese incremento también ha impulsado las acciones de otras empresas públicas y del índice bursátil de Caracas, un mercado que, como la economía, se empequeñeció durante los peores años de controles del chavismo y ahora empieza reflotar.
Las señales de apertura parecen suficientes para alterar al mercado bursátil, pero todavía reina la incertidumbre sobre cómo se producirá esa transacción, si se realizará en la Bolsa privada o en la Bolsa pública y si los gestos de apertura del Gobierno son sostenibles.
En un comunicado, la Bolsa de Caracas calificó el anuncio como positivo. “Luego de lo que conocimos como nacionalizaciones y expropiaciones, ahora están dando 180 grados en la acera de enfrente, procurando la inversión privada”, comentó el presidente de la Bolsa, Gustavo Pulido, en un encuentro con periodistas. “Nosotros creemos que para lograr una inversión privada es necesario tener la empresa en regla, una administración eficiente con normas de gobierno corporativo, que las empresas sean rentables, porque quien compra acciones está esperando un rendimiento de su inversión no solo a través de su revalorización en la Bolsa, sino a través de los dividendos. Para cumplir todo esto es necesario la transparencia y rendir cuentas”, explicó.
La Cantv es el principal proveedor de telefonía e Internet y fue nacionalizada hace 15 años por el entonces presidente Hugo Chávez junto con su filial Movilnet. Hoy son de los servicios públicos que funcionan en Venezuela y, los últimos años, llevan un pesado fardo de averías y pérdida de clientes. Además, como son parte del Estado, aplican censura a medios de comunicación independientes por órdenes del órgano que regula las telecomunicaciones (Conatel) a través del bloqueo de sus dominios, como han denunciado organizaciones como Ve Sin Filtro, Instituto de Prensa y Sociedad y Espacio Público, que velan por los derechos digitales, la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo.
En los más de 20 años que el chavismo ha gobernado Venezuela, se han expropiado y nacionalizado más de 5.000 empresas. La inseguridad jurídica, y desde 2019 las sanciones petroleras de Estados Unidos, hacen cuesta arriba la apuesta del Gobierno de Maduro para atraer el financiamiento que se necesita para hacer crecer una economía que se redujo 80% en siete años, ha generado una inmensa pobreza y la emigración de 6,1 millones de venezolanos.
El chavismo ha decidido dar vuelta atrás a sus dogmas económicos para intentar revertir el enorme rechazo que suscita el Gobierno con la vista puesta en las presidenciales previstas para 2024 que si, a través de negociaciones con la oposición lograran celebrarse en condiciones más justas, supondrían una seria amenaza a su permanencia en el poder.
En este viraje económico del chavismo ha permitido la libre circulación del dólar y ha relajado los controles de precios. Durante el último año, el Gobierno ha devuelto algunas de las compañías expropiadas a sus dueños y otras las ha cedido a una nueva élite empresarial que gravita en torno al chavismo bajo la figura de “alianzas estratégicas”.
Al menos 13 firmas de alimentos que estaban en manos gubernamentales son manejadas ahora por terceros, según Reuters. La Asamblea Nacional aliada de Maduro sancionó la llamada ley antibloqueo para darle un marco de legalidad a estas transacciones con bienes del Estado. Esta normativa les da carácter de confidencialidad y total opacidad a las operaciones, lo que todavía no figura como un marco jurídico que de confianza a los inversionistas. Los movimientos hechos, sin embargo, han llevado al consenso a la mayoría de los economistas, organismos multilaterales y firmas especializadas a pronosticar un crecimiento de la economía para este año que oscila entre el moderado 1,5% del Fondo Monetario Internacional hasta el ultra optimista 20% que calcula Credit Suisse.
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