El sector financiero mexicano se encuentra en el centro de atención de las autoridades estadounidenses y reguladores, consecuencia de las acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro. Dos bancos y una casa de bolsa del país están siendo investigados por su aparente conexión con una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, especialmente en el contexto del fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades implicadas son CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector, que en conjunto gestionan activos por aproximadamente 440 mil millones de pesos. Desde el pasado jueves, estas instituciones han sido intervenidas temporalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha alegado que "facilitadores financieros como CI Banco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses", implicando que estas entidades desempeñan un rol crucial en la cadena de suministro del fentanilo al transferir dinero en nombre de los cárteles.
CI Banco, con 214 sucursales, reporta activos de unos 7 mil millones de dólares, mientras que Intercam, que dispone de 60 sucursales, tiene aproximadamente 4 mil millones de dólares en activos. Juntas, representan apenas un 2% del total del sector bancario mexicano. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, justificó la intervención gubernamental, señalando la importancia de proteger a los ahorradores y la integridad del sistema financiero.
Además, Vector Casa de Bolsa, fundada por Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la presidencia durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, gestiona cerca de 11 mil millones de dólares en activos. A pesar de las acusaciones, estas entidades han negado cualquier implicación y se han mostrado dispuestas a colaborar con las autoridades reguladoras para esclarecer la situación.
En medio de estas alegaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a las autoridades estadounidenses la presentación de "pruebas" concretas, argumentando que hasta ahora no se han proporcionado evidencias que respalden las acusaciones. La Secretaría de Hacienda ha manifestado que, aunque el Tesoro notificado anteriormente a la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana sobre la investigación, hasta la fecha no han recibido pruebas substanciales que vinculen a las instituciones con actividades delictivas.
Por el momento, las únicas evidencias verificables que han salido a la luz son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, lo cual se inscribe dentro de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales. La situación sigue en desarrollo, y las repercusiones para el sector financiero mexicano podrían ser significativas si se comprueba alguna irregularidad.
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