La magnitud de las penas a los encausados por las movilizaciones de julio pasado de las que ha informado el Tribunal Supremo de Cuba ha provocado indignación y sorpresa. Es difícilmente entendible que la participación en las manifestaciones que vivió Cuba, en algunos casos con incidentes violentos, vaya a arruinar la vida de 129 jóvenes, aunque el tribunal no ha especificado la edad de los condenados. 48 sentencias no bajan de los 10 años de cárcel, otras 25 condenan a penas de entre 15 y 19 años, y aun 31 personas más reciben penas que se llevarán media vida de los presos, entre 20 y 30 años. Se les acusa de “subversión del orden constitucional”, instigados por el extranjero.
El reparto de condenas delata que busca un escarmiento social, aleccionador y pretendidamente ejemplarizante. Cualquier movilización de protesta, disidencia o incluso malestar en la isla habrá de saber que se expone a caer bajo la tipificación penal de sedición y el riesgo de cargar de por vida con condenas que carecen de la menor lógica jurídica. No hay precedentes en Cuba de semejante castigo. Las condenas contra los manifestantes en el llamado Maleconazo en 1994, por desórdenes públicos, fueron centenares, pero casi todas las penas no pasaron de un año de cárcel.
La desproporción actual es hija de la desesperación, pero no solo de la población, sino también del Gobierno si tiene que responder así a la protesta social. Lo peor es que esas sentencias carecen también de lógica política si algún poder en La Habana aspira a construir mejores condiciones de vida para su asfixiada población. Las protestas y la disidencia interna no van a ser estranguladas con medidas represivas. La judicatura cubana ha defendido la actuación de los tribunales a través de una declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba que advierte de que, por cada juez que sea hostigado o criticado, los magistrados encontrarán a “decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
Las redes sociales han vuelto a ser aliadas de la denuncia de la atrocidad, y esta vez su voz ha cuajado formalmente en un Manifiesto contra el silencio, por la justicia. Lo firman 40 intelectuales, cantantes y artistas que descalifican las sentencias y animan al Gobierno a rectificarlas por medio de amnistías (u otras fórmulas). Las movilizaciones, según el documento, nacieron como desobediencia civil contra “la mala gestión gubernamental” de la economía y los “modos autoritarios” del Ejecutivo contra los conflictos sociopolíticos. Ninguna sentencia desorbitada ha logrado nunca revertir un malestar social. Ni tampoco acallar a una disidencia hoy acosada como en los peores tiempos: a la desesperada.
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