Vinculan a exgobernador por Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, enfrenta serias acusaciones al ser vinculado a proceso por la desaparición forzada de personas, un caso emblemático que concierne a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante una audiencia que se extendió por más de 15 horas, un juez de control determinó que existían suficientes elementos para procesar al exmandatario, quien presuntamente ocultó información vital relacionada con este trágico suceso.

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. Este fallo se produce en un contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado sus esfuerzos por esclarecer los eventos que rodearon la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, acontecida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, en el marco de nuevas indagatorias sobre el caso. La acusación lo señala por haber presuntamente ordenado la destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad en las que se habría captado cómo policías municipales y estatales interceptaron un autobús, identificado como la unidad 1531 de Estrella de Oro, en el que viajaban los normalistas.

Durante la audiencia, la defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba con la intención de desestimar los incriminaciones de la FGR. Se incluyeron documentos oficiales, reportes periodísticos y testimonios de exfuncionarios, como Jesús Martínez Garmelo y Felipe Martín Ornelas Rebollo. Ambos afirmaron que Aguirre no se hallaba en Guerrero en el momento en que se recibieron las grabaciones, sugiriendo que se encontraba en la Ciudad de México.

El juez de control, Mario Elizondo Martínez, quien llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, también tuvo la presencia de 13 padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, subrayando la relevancia del caso y el dolor que aún persiste en sus familias.

Mientras se establece un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, la sociedad observa con atención este proceso judicial, que podría marcar un importante avance en la búsqueda de justicia respecto a uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de México.

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