La reciente elección de ministros, magistrados y jueces, que incluye la designación para el Tribunal de Disciplina Judicial, representa la culminación de una reforma judicial considerada por muchos como una aberración impulsada por el presidente López y la presidenta Sheinbaum. Este proceso está generando preocupación sobre el futuro del Estado de derecho en el país. Todo indica que los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación contarán con la aprobación de la presidencia y los legisladores de Morena, lo que ha creado un ambiente de desconfianza: “solo falta la votación”, se dice entre críticos, sugiriendo que el resultado ha sido decidido de antemano, en un proceso repleto de irregularidades que van desde prácticas ilegales hasta el uso indebido de programas sociales.
Es fundamental recordar las palabras de Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”, donde enfatiza que “todo hombre que tiene el poder se inclina para abusar del mismo”. Esta dinámica resalta la importancia de la separación de poderes, la cual, según Montesquieu, es esencial para prevenir la concentración del poder y el abuso. Lamentablemente, se prevé que la independencia del Poder Judicial se vea severamente comprometida, lo que potenciaría la posibilidad de abusos por parte del Poder Ejecutivo, que ya tiene una fuerte influencia en el Legislativo.
Desde el momento en que asuman los nuevos jueces, se anticipa que su lealtad al partido gobernante erosionará las funciones de control y contrapeso que históricamente ha desempeñado el Poder Judicial. La reforma judicial, junto con la implementación de una amplia gama de delitos que ameritan prisión preventiva, las modificaciones a la figura del amparo y la inminente amenaza del Tribunal de Disciplina Judicial, se presentan como un cerrojo que amenaza con cerrar el panorama del Estado de derecho y afectar las libertades individuales.
Existen diversas implicaciones serias. Por ejemplo, el Congreso podría aprobar leyes o el Ejecutivo podría emitir decretos que, siendo inconstitucionales, no tendrían una vía efectiva para ser impugnados ni revisados por un Poder Judicial que ya no sería imparcial. Aquellos que vean vulnerados sus derechos enfrentarían un dilema, ya que un amparo podría poner en riesgo la continuidad de su carrera profesional. Esto implicaría, por ejemplo, que leyes tributarias antidelictivas o cambios en la propiedad privada, amparadas en decisiones del gobierno, quedarían sin defensa judicial.
Otro escenario posible es la aprobación de modificaciones constitucionales que eliminen derechos fundamentales como la propiedad privada, con la “supremacía constitucional” asegurando que tales decisiones no podrían ser cuestionadas. Esto podría llevar a que los ciudadanos se vean obligados a acatar decisiones sin opción a defensa, impulsando un clima de incertidumbre y arbitrariedad.
La afectación se extendería a sectores económicos, donde empresas protegidas por la administración podrían beneficiarse de prácticas monopólicas, dejando a sus competidores sin recursos para cuestionar estas decisiones ante un sistema judicial que carece de independencia y objetividad.
La suma de todas estas evidencias sugiere un futuro incierto y preocupante para la justicia en México, donde el uso abusivo del poder podría convertirse en la norma. La certeza jurídica, clave para garantizar la inversión y el desarrollo económico, corre un grave riesgo en un escenario donde un Poder Judicial no solo carece de independencia, sino que también se convierte en un mero apéndice del poder ejecutivo.
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