La democracia no se sostiene únicamente con elecciones periódicas. Su verdadera fortaleza radica en la existencia de ciudadanos libres, informados y con la posibilidad de escuchar diferentes puntos de vista para formar su propio criterio. Cuando uno de esos pilares se debilita, toda la estructura democrática comienza a resentirse.
En los últimos años ha vuelto a cobrar fuerza el debate sobre el llamado “derecho de las audiencias”. En principio, nadie podría estar en contra de que los ciudadanos reciban información de calidad, diferenciando claramente los hechos de las opiniones y exigiendo responsabilidad a los medios de comunicación. Ese es un objetivo legítimo. El problema aparece cuando, bajo ese argumento, se abre la puerta para que el poder político determine qué puede decirse, cómo debe decirse o quién decide si una información es correcta o incorrecta.
La historia demuestra que los gobiernos, independientemente de su ideología, suelen sentirse incómodos frente a la crítica. Ningún gobernante disfruta que se exhiban sus errores, sus omisiones o sus contradicciones. Por eso, cada vez que surge una iniciativa para regular el contenido de los medios de comunicación, es natural que aparezcan preocupaciones legítimas sobre el riesgo de convertir esa regulación en un instrumento de control.
La libertad de expresión no fue concebida para proteger los discursos que agradan al poder. Al contrario, nació para garantizar que las voces incómodas también puedan ser escuchadas. Si únicamente se permitieran las opiniones que coinciden con la versión oficial, dejaríamos de hablar de libertad para entrar en el terreno de la censura, aunque ésta se presente con nombres más amables o jurídicamente más elaborados.
El derecho de las audiencias debe servir para fortalecer al ciudadano, no para fortalecer al gobierno. El público tiene derecho a recibir información plural, diversa y contrastada. Tiene derecho a cambiar de estación, apagar el televisor, dejar de seguir un medio o buscar otras fuentes cuando considere que una información no le satisface. Esa capacidad de elegir es, precisamente, una de las mayores expresiones de libertad.
En una sociedad abierta no corresponde al gobierno decidir qué periodista es objetivo, qué comentario resulta aceptable o qué análisis debe considerarse correcto. Esa responsabilidad pertenece a la sociedad misma, al debate público y al juicio de los ciudadanos.
La pluralidad de medios y de opiniones puede resultar incómoda. Habrá excesos, errores e incluso información incorrecta que deberá ser rectificada cuando corresponda. Pero el remedio nunca puede ser sustituir el criterio de millones de personas por el de una autoridad, porque las autoridades cambian, los gobiernos pasan y las leyes pueden modificarse, pero los derechos fundamentales deben permanecer.
México conoce bien el costo de haber vivido durante décadas con medios condicionados por el poder político. Muchos recuerdan una época en la que la crítica era limitada, la publicidad oficial premiaba la obediencia y castigaba la independencia, y en la que el acceso a distintas versiones de los hechos era prácticamente imposible.
Recuperar espacios de libertad costó años de esfuerzo, de reformas y, sobre todo, de periodistas que enfrentaron presiones para ejercer su trabajo. Por eso resulta indispensable analizar con serenidad cualquier propuesta relacionada con el derecho de las audiencias. La protección de los ciudadanos nunca debe convertirse en un pretexto para limitar el trabajo periodístico ni para inhibir la crítica.
Una democracia madura necesita medios responsables, pero también independientes. Necesita periodistas que puedan investigar sin temor y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.
La mejor defensa contra la desinformación no es la censura. Es una ciudadanía mejor preparada, con educación, pensamiento crítico y acceso a múltiples fuentes de información. Mientras más voces existan, más difícil será que una sola versión de la realidad se imponga.
La libertad de expresión no pertenece a los periodistas ni a los concesionarios de radio y televisión. Pertenece a toda la sociedad. Cuando se limita el derecho de un comunicador a informar, también se limita el derecho del ciudadano a conocer diferentes versiones de los hechos.
Las democracias fuertes no le temen a la crítica; la aceptan como parte de su funcionamiento. Los gobiernos verdaderamente seguros de sus acciones responden con argumentos, con resultados y con transparencia, no con mecanismos que puedan interpretarse como formas de control.
Defender la libertad de expresión y el derecho de las audiencias no son causas opuestas. Son principios complementarios que deben convivir en equilibrio. El reto consiste en proteger al ciudadano sin debilitar la independencia de los medios, porque cuando la libertad de informar se reduce, también comienza a reducirse la libertad de todos, que es precisamente lo que ciertos intereses políticos en el poder buscan coartar.
¿No cree usted?
