VIVENCIAS CIUDADANAS - PENSIONES EN MORELOS: NO SE PUEDE NEGOCIAR SOBRE LA MENTIRA

El con­flicto entre el Gobierno de More­los y los tra­ba­ja­do­res de los pode­res Eje­cu­tivo, Legis­la­tivo y Judi­cial se ha con­ver­tido en uno de los pro­ble­mas polí­ti­cos más deli­ca­dos del estado. No se trata sola­mente de núme­ros, pre­su­pues­tos o de la crea­ción de un Ins­ti­tuto de Pen­sio­nes. Lo que está en juego es la con­fianza de miles de tra­ba­ja­do­res y jubi­la­dos que durante déca­das pres­ta­ron sus ser­vi­cios bajo deter­mi­na­das con­di­cio­nes y que ahora temen que esas reglas sean modi­fi­ca­das desde el poder.

El gobierno ha bus­cado acer­carse a algu­nas orga­ni­za­cio­nes y gru­pos peque­ños, pero eso no sig­ni­fica que exista un acuerdo con la mayo­ría. Los sin­di­ca­tos con mayor repre­sen­ta­ción, junto con orga­ni­za­cio­nes de jubi­la­dos, han expre­sado abier­ta­mente su incon­for­mi­dad. Al menos veinte agru­pa­cio­nes deci­die­ron reti­rarse de las mesas de tra­bajo por­que con­si­de­ran que no han reci­bido infor­ma­ción com­pleta y que las deci­sio­nes podrían estar tomán­dose sin la par­ti­ci­pa­ción real de los afec­ta­dos.

El pro­blema cen­tral es la falta de cre­di­bi­li­dad. Mien­tras el gobierno afirma que no existe una ini­cia­tiva for­mal y pro­mete que no se toca­rán los dere­chos adqui­ri­dos, los diri­gen­tes sin­di­ca­les ase­gu­ran que hay pro­yec­tos y docu­men­tos que no se les han entre­gado. En esas con­di­cio­nes es impo­si­ble cons­truir una nego­cia­ción seria. Si no existe nada que ocul­tar, lo más sen­ci­llo sería pre­sen­tar públi­ca­mente todos los estu­dios, borra­do­res y pro­yec­cio­nes finan­cie­ras.

Tam­bién debe­mos decirlo con cla­ri­dad: defen­der a los tra­ba­ja­do­res no sig­ni­fica pro­te­ger abu­sos. En More­los exis­ten jubi­la­cio­nes que deben revi­sarse, espe­cial­mente aque­llas obte­ni­das mediante docu­men­tos dudo­sos, anti­güe­da­des infla­das, car­gos ocu­pa­dos durante unos cuan­tos años o pri­vi­le­gios con­ce­di­dos a fun­cio­na­rios de alto nivel. Una pen­sión com­pleta debe corres­pon­der a quien ver­da­de­ra­mente cum­plió con los años de ser­vi­cio esta­ble­ci­dos. La ley more­lense con­tem­pla dis­tin­tos por­cen­ta­jes y moda­li­da­des, pero no puede per­mi­tirse que alguien pre­tenda reci­bir el mismo trato que quien tra­bajó durante casi treinta años sola­mente por haber pasado diez o doce años den­tro del gobierno.

Sin embargo, revi­sar irre­gu­la­ri­da­des es muy dife­rente a cas­ti­gar a todos los jubi­la­dos. Quie­nes cum­plie­ron legal­mente con su anti­güe­dad, tra­mi­ta­ron su pen­sión y han reci­bido durante años deter­mi­na­das pres­ta­cio­nes no son res­pon­sa­bles de la falta de dinero del gobierno. El défi­cit pre­su­pues­tal no lo pro­vo­ca­ron los tra­ba­ja­do­res de base. Tam­poco puede pre­sen­tarse cada quin­cena pagada a un jubi­lado como si fuera una con­ce­sión gene­rosa de la auto­ri­dad. Es el cum­pli­miento de una obli­ga­ción.

Lo mismo sucede con los tres meses de agui­naldo. Esa pres­ta­ción no fue inven­tada por los actua­les jubi­la­dos. Tiene su ori­gen en una deci­sión tomada durante el gobierno de Lauro Ortega Mar­tí­nez y se con­vir­tió, para los tra­ba­ja­do­res a quie­nes legal­mente corres­ponde, en una con­di­ción labo­ral que debe ana­li­zarse con serie­dad jurí­dica. Otra cosa es que, con el paso del tiempo, se haya exten­dido inde­bi­da­mente a altos fun­cio­na­rios o per­so­nas que no per­te­ne­cían a la base tra­ba­ja­dora. Esos exce­sos deben corre­girse, pero sin uti­li­zar esa correc­ción como pre­texto para redu­cir los dere­chos de todos.

El gobierno debe dejar de enfren­tar a jubi­la­dos con­tra ciu­da­da­nos, o a tra­ba­ja­do­res acti­vos con­tra pen­sio­na­dos. Tam­bién debe evi­tar la ten­ta­ción de esco­ger inter­lo­cu­to­res cómo­dos para des­pués anun­ciar que existe con­senso. Un acuerdo fir­mado sola­mente con orga­ni­za­cio­nes mino­ri­ta­rias no resol­verá el con­flicto con los sin­di­ca­tos fuer­tes de los tres pode­res.

La solu­ción requiere capa­ci­dad polí­tica, trans­pa­ren­cia y sen­si­bi­li­dad. Debe rea­li­zarse una audi­to­ría indi­vi­dual de las pen­sio­nes pre­sun­ta­mente irre­gu­la­res; publi­carse un estu­dio actua­rial inde­pen­diente, con pro­yec­cio­nes de largo plazo; garan­ti­zarse por escrito la no retroac­ti­vi­dad, y abrirse una nego­cia­ción en la que par­ti­ci­pen ver­da­de­ra­mente los repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res.

Aún existe opor­tu­ni­dad de evi­tar una con­fron­ta­ción mayor. Pero para lograrlo el gobierno debe com­pren­der que no está nego­ciando pri­vi­le­gios, sino el futuro de per­so­nas que entre­ga­ron buena parte de su vida al ser­vi­cio público. Las finan­zas pue­den corre­girse; la con­fianza, cuando se pierde por com­pleto, resulta mucho más difí­cil de recu­pe­rar. ¿NO CREE USTED?