El escándalo que envuelve al Instituto Nacional Electoral no puede convertirse en una oportunidad para culpar a toda la institución ni para buscar responsables en un pasado remoto. Las preguntas deben dirigirse a quienes tomaron decisiones concretas, a los contratos bajo sospecha y a la relación que pudo existir entre funcionarios y proveedores. La rendición de cuentas es indispensable; usarla para desviar la atención, no.
Lo digo desde la experiencia: fui fundador del Instituto Federal Electoral y también participé en la creación del instituto estatal. Conozco ambos ámbitos y sé que una elección federal no es igual a una elección local. Cada autoridad tiene atribuciones, responsabilidades y calendarios distintos. En materia electoral, los tiempos no son un detalle administrativo: la ley establece cuándo deben estar listos los materiales, cómo se entregan y cómo se resguardan.
Las boletas, las mamparas, las urnas y la documentación electoral no se improvisan. Se requiere capacidad técnica, seguridad y una logística que permita cumplir con fechas estrictas. Por eso existen proveedores especializados. Contratar a una empresa con capacidad para cumplir no es, por sí solo, una irregularidad. El punto es si la contratación fue transparente, si hubo competencia real y si se respetaron las reglas.
Desde hace años existe preocupación por la concentración de proveedores de materiales electorales. La falta de competencia puede abrir la puerta a precios manipulados, mercados repartidos y licitaciones coordinadas. Esos posibles acuerdos deben investigarse y comprobarse; no basta con señalar que hay pocas empresas, pero tampoco se puede ignorar el problema.
Lo que hoy causa mayor preocupación son los señalamientos sobre la cercanía entre Guadalupe Taddei, entonces presidenta del INE, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras. Se han difundido grabaciones en las que, según diversos reportes, aparecen conversando sobre contratos y cantidades relacionadas con ellos. Esos materiales deben verificarse e investigarse. No sustituyen una sentencia, pero sí exigen respuestas claras.
El Órgano Interno de Control informó que presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por probables delitos relacionados con contrataciones. Corresponde a la Fiscalía determinar si hubo delitos y quiénes son responsables. Afirmar culpabilidades antes de una investigación sería injusto; ignorar las denuncias también lo sería.
Está bien que las autoridades electorales rindan cuentas y que los congresos llamen a comparecer a quienes corresponda. Pero cada institución debe ser examinada en el ámbito de su competencia, y las preguntas tienen que dirigirse a los hechos. No es aceptable convertir una comparecencia en un espectáculo para buscar culpables en administraciones anteriores mientras se dejan de lado los contratos y las decisiones actuales.
El IFE nació en 1990 como un paso fundamental para construir elecciones organizadas por una autoridad ciudadanizada. Después, el sistema evolucionó hasta la creación del INE y el fortalecimiento de los organismos locales. Esa historia no debe borrarse para justificar intervenciones del gobierno en instituciones que requieren autonomía.
Investigar irregularidades no debilita al INE. Lo debilitan la opacidad, los conflictos de interés y la falta de consecuencias. Hay que esclarecer quién autorizó los contratos, quién pudo influir en las decisiones y si alguien obtuvo beneficios indebidos. Si se comprueban faltas, que haya sanciones. La confianza no se recupera repartiendo culpas hacia atrás, sino investigando con rigor las responsabilidades de hoy. ¿No cree usted?.




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