Vox quiere poner más trabas a la obtención de la nacionalidad española por los inmigrantes, es decir, su acceso a la plena ciudadanía y el derecho al voto. El grupo de Santiago Abascal presentó este miércoles en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Civil que eleva de 10 a 15 años el tiempo mínimo de residencia legal y continuada en España que debe acreditarse para poder iniciar el expediente de concesión de la nacionalidad, que se prolonga habitualmente entre dos y tres años más. En palabras del presidente de Vox, su plan es cuidar “como un tesoro la nacionalidad española” y no “regalársela a cualquiera”. En la práctica, supondría mantener a los inmigrantes legales como ciudadanos de segunda clase por un plazo de al menos 17 años.
El propósito de Vox es dar preeminencia al ius sanguinis (”derecho de sangre”) sobre el ius solis (”derecho de suelo”), de forma que el linaje prime sobre el lugar de nacimiento a la hora de obtener la nacionalidad. Sin embargo, Vox ha decidido excluir de estas medidas restrictivas a los inmigrantes latinoamericanos en un momento en que está intentando liderar una alianza anticomunista en Iberoamérica. A los nacionales de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y a los sefardíes les seguirían bastando con dos años de residencia si prosperase la reforma. En realidad, la medida va dirigida contra los ciudadanos de origen marroquí, que representan el 25,6% de los 455.132 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española por residencia en el lustro 2016-2020. Los originarios de la UE y de países iberoamericanos representaron el 44,5%.
Vox quiere que se incluya como requisito para obtener la nacionalidad “carecer de antecedentes penales en su país de origen y en España”; “estar en posesión de un certificado oficial de idiomas, acreditando un suficiente conocimiento de la lengua española”; y “presentar en el expediente de concesión un documento público expedido por las autoridades de su país de origen que certifique la pérdida de la anterior nacionalidad”. Estas circunstancias ya se valoran actualmente para conceder la ciudadanía, pero Vox las quiere convertir en requisitos indispensables, lo que plantea numerosos problemas: desde el valor de los antecedentes penales en regímenes sin tribunales independientes o el hecho de que en muchos países, como Marruecos, la nacionalidad sea irrenunciable.
La mayor novedad es la posibilidad de retirar la nacionalidad española a aquellos que no la tengan de origen (la Constitución impide despojar de la misma a los españoles de nacimiento) y que sean condenados en sentencia firme por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad internacional. Quienes pierdan la nacionalidad española por este motivo no la podrán recuperar. Actualmente la nacionalidad solo puede perderse si ha cometido fraude para obtenerla, si se utiliza durante tres años otra nacionalidad a la que supuestamente se ha renunciado, se entra en guerra contra España o se ocupa un cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. En Francia, la retirada de la nacionalidad a los condenados por yihadismo que no fueran franceses de origen provocó una fuerte polémica.
Además, la proposición de ley limita el margen de discrecionalidad para que el Consejo de Ministros pueda conceder la ciudadanía española por carta de naturaleza. También acorta los plazos para poder optar por la nacionalidad española, de forma que sea más fácil perderla porque haber caducidad de los mismos. Así, reduce de dos años a uno el tiempo para optar por la nacionalidad española en el caso de extranjeros adoptados por españoles o de hijos de originarios españoles. En cambio, se exigirán dos años de residencia en España para obtener la nacionalidad a los cónyuges y viudos de ciudadanos españoles.
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