Más de ocho millones de alumnos vuelven a partir de este lunes a las aulas de colegios e institutos. La incertidumbre sobre la evolución sanitaria permanece y los recortes de profesorado de refuerzo covid genera un fuerte malestar en los territorios que los han anunciado, como Madrid y Andalucía. Pero docentes y familias transmiten a la vez el deseo de poner el foco este año en cuestiones académicas, recuperar prácticas escolares abandonadas a causa del virus, concentrar esfuerzos en los alumnos que se han quedado rezagados y asegurar la presencialidad. “No va a volver a ser como antes”, dice Idoia Pujana, directora del instituto Botikazar de Bilbao, “pero pensamos que ya es hora de hablar menos de pandemia y más de educación”. “La gente”, añade Myriam Fuentes, responsable del instituto Antoni Maura de Palma, “tiene muchas ganas de normalidad. Es decir, de hacer cosas”.
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Ambas directoras ―como la otra docena de representantes de la comunidad educativa entrevistados para este reportaje― admiten que la capacidad del virus para desbaratar planes podría acabar con sus esperanzas en pocas semanas. Los docentes tienen confianza en los efectos de la vacunación, sobre todo en secundaria, donde se calcula que casi todo el alumnado estará inmunizado en poco tiempo. Pero, al mismo tiempo, el impacto de la variante delta del virus, más infecciosa, es desconocido, porque su expansión se produjo después de que terminara el pasado curso.
En ese contexto, profesores como Julián Esteban, director del instituto Gonzalo Torrente Ballester de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y representantes de padres, como Rogelio Carballo, presidente de la confederación de asociaciones de padres de Galicia, expresan su preocupación por el hecho de que el protocolo sanitario general aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas permita aumentar el número de alumnos por clase (al elevar la ratio en infantil de 20 a 25 alumnos y reducir la distancia interpersonal en secundaria de 1,5 metros a 1,2).
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Las consecuencias de las mutaciones del virus son una incógnita. Pero sobre las modificaciones introducidas en el protocolo sanitario de los centros educativos sí hay algunas evidencias. Debido a la autonomía que las comunidades tienen a la hora de aplicar el protocolo estatal (que ha funcionado más como una guía de recomendaciones, ya que la última palabra la han tenido y la volverán a tener las autoridades sanitarias y educativas autonómicas en sus respectivos territorios), las novedades que experimenta la norma general este curso ya estuvieron vigentes el pasado en algunas comunidades, sin que se registraran diferencias sustanciales en los contagios entre comunidades.
En muchos institutos vascos, como el de Idoia Pujana, ya hubo el año pasado clases de bachillerato con 30 alumnos sentados a una distancia más próxima a los 1,2 metros como contempla ahora el protocolo sanitario básico del Gobierno para toda España (el año pasado, la recomendación general eran 1,5 metros como mínimo). Numerosos centros de secundaria acogieron, además, a todos sus alumnos a diario: sucedió en los de autonomías enteras (como Euskadi, Galicia, Castilla y León, y Extremadura) y en numerosos institutos de otros territorios, como el centro que Myriam Fuentes dirige en Palma, donde se reunieron cada jornada un millar de personas sin que hubiera especiales problemas (el centro no tuvo que confinar ningún aula completa, y hasta donde sabe su responsable, los pocos estudiantes y profesores que se contagiaron a lo largo del curso lo hicieron fuera del ámbito escolar).
En los colegios de autonomías como la Comunidad Valenciana funcionaron en primaria grupos burbuja de 25 alumnos (que es el límite que aplicarán este año prácticamente todas las regiones), y en muchas escuelas andaluzas, como la que Javier Delgado dirige en Sevilla, también hubo 25 niños en las clases de infantil. Y ni en un caso ni en otro el nivel de contagios resultó especialmente elevado en comparación con el resto de autonomías.
Peor calidad
Otra cosa es que, como afirma Delgado, presidente de la asociación andaluza de directores de colegios públicos, gracias a los dos profesores de apoyo covid (para un centro de 385 alumnos) con los que contó el curso pasado pudo ofrecer refuerzo a los chavales con más dificultades y atender telemáticamente a los que tenían que quedarse confinados en casa. Es decir, que la escuela pudo dar una atención educativa mejor que la que podrá ofrecer este año, cuando no tendrá ningún apoyo extra. La calidad de la enseñanza también se verá rebajada en el instituto público del que Julián Esteban es director en Madrid: los refuerzos van a pasar de los ocho con que empezó el curso pasado (y que en enero se redujeron a seis), a “2,66, porque el tercer profesor no estará en el centro a jornada completa”, afirma el docente.
La retirada de refuerzos, coinciden los entrevistados, es prematura porque el daño educativo causado por la pandemia aún no ha sido reparado. Ahora hay, por ejemplo, más niños que llegan a tercero de primaria sin haber consolidado la lectoescritura. Y María Quintana, presidenta de los directores de institutos públicos de Castilla y León, asegura que también están detectando más problemas en secundaria: “Hay alumnos, sobre todo los que vienen de entornos con más dificultades, que todavía arrastran las consecuencias del confinamiento general, a lo que hay que sumar las cuarentenas que hubo el curso pasado. Ahí es donde vamos a poner este curso el esfuerzo de recuperación, en intentar ponerlos a todos al mismo nivel”.
La presencialidad, una línea roja
En las 11 autonomías donde los refuerzos de profesorado se mantienen o aumentan (de momento, solo han anunciado reducciones cuatro: Madrid, Andalucía, Murcia y Aragón, mientras que Cataluña y La Rioja aún no han presentado sus planes) la atención de la comunidad educativa se centra, además de en la vertiente sanitaria, en otras cuestiones. La principal, garantizar la presencialidad, como explica Albert Llop, presidente de la federación de madres y padres de Mallorca y profesor de Filosofía en secundaria: “Para nosotros es una línea roja. La semipresencialidad ha sido muy perjudicial para los alumnos, no solo a nivel académico, sino también personal y social. Sabiendo lo que ya sabemos, debemos garantizar la presencialidad con todo lo que sea posible. Una de nuestras reivindicaciones históricas es la eliminación de las aulas prefabricadas, es decir barracones. Pero si este curso un centro los necesita para que puedan caber todos, estamos a favor”.
El éxito de la escuela a la hora de contener el virus el curso pasado y el avance de la vacunación han infundido un moderado optimismo (el tiempo dirá si justificado) en buena parte de la comunidad educativa. Un estado de ánimo que hace que en los primeros días del curso en muchos claustros se esté hablando más de cuestiones educativas, como el desarrollo de la nueva ley de enseñanza, la Lomloe, que sanitarias. Y que, como comenta Sergio de la Fe, presidente de la confederación de asociaciones de madres y padres de Canarias, empiece a parecer posible volver a poner sobre la mesa, poco a poco, debates “que la pandemia había hurtado, como la mejora de las infraestructuras y la formación del profesorado”.
