La situación del mercado laboral en México refleja una profunda debilidad estructural que impide el crecimiento sostenible de la economía. A medida que el país enfrenta bajas tasas de crecimiento, se dificulta la generación de empleos productivos para todos aquellos que buscan contribuir en este ámbito, especialmente para aquellos que ingresan al mercado laboral.
Según datos recientes del Inegi para enero, el 56% de las personas empleadas se encuentra en la informalidad, es decir, sin acceso a la seguridad social. Además, cerca del 30% trabaja en empresas ilegales que producen bienes considerados legales, pero que no están debidamente registradas ante las autoridades tributarias y de seguridad social. Esta realidad plantea serias interrogantes sobre la calidad y la estabilidad de los empleos generados en el país.
En cuanto a las empresas, el IMSS reportó una reducción de 5,842 registros de empleadores durante enero, acumulando descensos en 20 de los últimos 21 meses. Comparando con el mismo mes del año pasado, se observó una caída de 25,992 patrones, lo que equivale a una reducción del 2.5% anual. Esta tendencia suscita inquietudes sobre cuántas empresas han cerrado y cuántas han optado por operar en la informalidad, donde las condiciones laborales suelen ser más precarias.
Respecto a la generación de empleo, se reportó la creación de 1,057,970 puestos laborales en 2025. Sin embargo, de estos, 1,161,926 eran informales, superando la pérdida de 103,956 empleos formales registrados. En este contexto, el crecimiento en empleos formales fue solo del 0.32%, el índice más bajo de este siglo, registrándose una caída de 8,104 puestos en enero de 2026, el peor resultado desde la recesión de 2009.
Las dificultades que enfrenta el sector privado para generar empleo no son nuevas. Factores como altos costos de entrada al mercado, una regulación ineficiente, y altos costos de despido han configurado un ambiente que inhibe el crecimiento económico y, por ende, la creación de empleo formal. Las contribuciones obligatorias de las empresas al IMSS, SAR e Infonavit son percibidas como un gravamen que penaliza el empleo formal, alentando la informalidad.
La combinación de un bajo crecimiento económico, reformas institucionales que han debilitado las garantías individuales, y un encarecimiento de la mano de obra en el sector privado, han llevado a un mercado laboral que muestra debilidad alarmante. Recuperar un empleador formal y generar nuevos puestos solo será posible si la economía logra un crecimiento robusto y se implementan cambios legislativos que eliminen las barreras actuales. Sin embargo, este horizonte no parece cercano.
La situación actual del mercado laboral representa un acertijo complejo que, si no se aborda con urgencia, podría tener repercusiones significativas en la estabilidad económica y social del país.
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