Cuatro días después de que el presidente Joe Biden confirmase la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de EE UU para tratar de reducir los precios de la energía, el Departamento de Interior ha anunciado este viernes que cobrará más a las compañías de combustibles fósiles a cambio de las concesiones de prospección y perforación de tierras y aguas federales. El incremento del pago de royaltis a las petroleras obedece a un intento de obtener más ingresos por la actividad —se trata de la primera subida de regalías desde 1920—, pero también al objetivo de salvaguardar y preservar el medio ambiente.
El informe de 18 páginas del Departamento del Interior describe un programa federal de arrendamiento de yacimientos de petróleo y gas “obsoleto” que “no proporciona un rendimiento justo a los contribuyentes, y tiene aún menos en cuenta los costes resultantes relacionados con el clima”. En concreto, el documento, muy esperado, recomienda una revisión de las rentas y tarifas de regalías cobradas por la perforación tanto en tierra como en alta mar, basándose en la estimación de que el Gobierno perdió hasta 12.400 millones en ingresos por la perforación en tierras federales desde 2010 a 2019 porque las regalías llevan congeladas un siglo.
La decisión implica aumentar la tasa del Gobierno —actualmente, el 12,5% de las ganancias que los buscadores de combustibles fósiles deben pagar al Gobierno federal a cambio de perforar en tierras públicas— para adecuar la tarifa con las tasas más altas cobradas por la mayoría de los propietarios privados y los Estados productores de gas. También defiende el aumento de las partidas que las empresas deben dedicar a la limpieza y regeneración del entorno antes de comenzar a construir nuevos pozos.
Aunque el informe se centra en el rédito fiscal para actualizar el programa de arrendamiento, Interior apunta que considerarán también cómo incorporar el coste real del cambio climático en el precio de los permisos para la extracción de nuevos combustibles fósiles. La Administración de Biden estableció este año su “coste social del carbono” en 51 dólares por tonelada de emisiones, pero sugirió que la cantidad podría aumentar a medida que los investigadores reevalúan nuevas estimaciones del daño causado por los incendios forestales, las persistentes olas de calor, las sequías y las catastróficas inundaciones. Fenómenos recurrentes en los últimos años, con una incidencia cada vez más acusada, sobre todo en el oeste del país.
“El impacto directo e indirecto asociado con el desarrollo de petróleo y gas en la tierra, el agua, la vida silvestre de nuestra nación y la salud y la seguridad de las comunidades, en particular las comunidades de color, que soportan una carga desproporcionada de contaminación, merecen un reequilibrio fundamental del programa federal de petróleo y gas“, explica el informe.
El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la perforación en terrenos públicos y en aguas federales es responsable de casi una cuarta parte de los gases de efecto invernadero generados por Estados Unidos. Poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden lanzó la iniciativa América the beautiful, con el objetivo de preservar el 30% de las tierras y aguas de EE UU para 2030. La campaña pretende reforzar la protección y salvaguarda del hábitat por parte tanto de las Administraciones locales como de la federal. Durante la campaña electoral, Biden había prometido dejar de otorgar nuevas concesiones para perforar en tierras públicas, por lo que la decisión del Departamento de Interior no ha sido recibida con agrado por parte de activistas y grupos ecologistas.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
