El terremoto se ha desatado en la Generalitat Valenciana. El presidente del Gobierno autonómico, el socialista Ximo Puig, medita desde finales de la semana pasada hacer cambios entre los cargos socialistas que se sientan en la mesa del Consell. Previsiblemente, los anunciará antes de que acabe esta semana, pero este miércoles uno de los consejeros nombrados por Compromís (socios del gobierno progresista junto a socialistas y Podem), se ha adelantado y ha presentado su dimisión como consejero de Educación.
Puig había alentado a la coalición Compromís a que afrontara también cambios entre sus consejeros con el fin de dar un impulso al Gobierno Valenciano ante el último año de legislatura. La coalición que lidera Mónica Oltra, en principio, no se dio por aludida, pero este miércoles ha dado la sorpresa. Vicent Marzà abandona el Gobierno como consejero de Educación, Cultura y Deportes y se dedicará plenamente a su partido, Més Compromís (que forma parte de la coalición Compromís), precisamente, para las elecciones autonómicas de 2023. En su despedida, Marzà ha reivindicado el pacto progresista de legislatura y ha calificado de “imprescindible” la consolidación de “un tercer Botànic” que impida la vuelta de la derecha al Gobierno valenciano.
La dimisión de Marzà supone un acicate para que Puig emprenda una remodelación importante, con la que ofrecer nuevas caras y ganas, y encarar el fin del mandato. Además, esta salida y los cambios entre los consejeros socialistas elevan la presión sobre la vicepresidenta primera, Mónica Oltra.
El detonante, sin embargo, ha sido la dimisión del portavoz del grupo socialista en las Cortes valencianas, Manolo Mata, abogado del principal urdidor de la trama corrupta Azud que, presuntamente, repartió mordidas tanto al PP como al PSPV. El hecho de que Mata compaginara la portavocía y la defensa del empresario, pese a ser legal, desató la crítica de la oposición. En un principio, Puig defendió la dicotomía porque “la legislación permite claramente atender a una complementariedad entre el espacio público y el privado”, pero, posteriormente, una vez se levantó el secreto del sumario del caso y Mata decidió dimitir, el presidente aplaudió la renuncia: “Había un conflicto de intereses que había que resolver”. Las miradas se fijaron entonces en Oltra, para la que un juez ha pedido la imputación por, presuntamente, encubrir el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido.
En este contexto revuelto, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, con la que Oltra ha mantenido más de un enfrentamiento, echó más lecha al fuego este martes. La parte socialista del Gobierno valenciano siempre ha defendido la decisión de Oltra de permanecer en el cargo. Incluso Puig ha manifestado su “confianza” a la vicepresidenta y siempre ha hecho referencia a las “reiteradas explicaciones” que ha dado en parlamento. Sin embargo, Bravo sugirió que Oltra debía dimitir: “Yo, desde luego, en una situación, más allá de responsabilidades penales, en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento, me lo planearía”. Sus palabras han provocado un aluvión de críticas entre los miembros de Compromís en defensa de la vicepresidenta y han tensado aún más las relaciones con los socialistas. “Nunca pondría a la señora Bravo como ejemplo de lealtad institucional”, ha dicho el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís. “No es un mensaje a nadie, es una opinión personal”, ha apostillado Puig.
Pero el fuego se mantiene vivo gracias también a otros combustibles. Marzà no es un miembro cualquiera de Compromís. Pertenece al extinto Bloc y su relación con la vicepresidenta (que procede de Iniciativa) siempre ha sido tirante, tanto política como personalmente. Algunas fuentes entre los socios de Gobierno también interpretan la marcha de Marzà como un toque de atención a Oltra para que mueva ficha. Además, el aún consejero insiste en que va para realizar trabajo orgánico, una parcela más descuidada por parte de la vicepresidente, para lograr buenos resultados de Compromís y la reedición del Gobierno progresista. “No se puede patrimonializar ningún puesto”, ha dicho hoy Marzà.
Los nombres que se barajan para los cambios son casi los mismos en todas las quinielas. Entre los salientes, la consejera de Sanidad, que ha gestionado toda la crisis por la pandemia de coronavirus, Ana Barceló; el de Hacienda, Vicent Soler; y la de Innovación, Carolina Pascual, lo que supondría el cambio de la mitad de los miembros socialistas del Consell. Para Barceló se barajan dos salidas, una en la portavocía del grupo socialista en las Cortes valencianas y otra en la Delegación del Gobierno. Ambas suponen un plus de visibilidad en Alicante, provincia por la que es diputada y en la que el PSPV más flaquea y otra como portavoz del Grupo Socialista. En el caso de Soler, un hombre respetado en Madrid e incluso por la oposición, podría guardar un puesto como senador territorial ante el anuncio de la actual senadora, Josefina Bueno, de querer abandonar el puesto, según fuentes socialistas. Para Carolina Pascual su futuro está en otro puesto relacionado con la innovación, pero en un organismo internacional.
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