El Gobierno se desliza por el Congreso como un funambulista, siempre en peligro de precipitarse al vacío y siempre ―por ahora― con algún recurso salvador para mantener el equilibrio. En el peor momento de la legislatura para la elástica mayoría parlamentaria que ha venido sosteniendo al Ejecutivo, este logró sacar adelante este jueves cuatro normas legislativas y otra promovida por el PSOE. La más relevante de ellas, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pasó el primer trámite con el rechazo de los aliados habituales y el apoyo indirecto de la oposición. ERC no respaldó ninguna de las cinco iniciativas.
El PP está convencido de que, en el fondo, el Gobierno deseaba ser derrotado en su intento de añadir algunos aspectos nuevos a dos artículos de la Ley de Seguridad Nacional. “Estarían encantados de que decayese, porque así contentarían a ERC”, aventuró el diputado popular Juan Antonio Callejas ante la sonrisa irónica del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esquerra había presentado, ya antes del estallido del caso Pegasus, una enmienda para tumbar el proyecto. Y la secundaron todos los independentistas catalanes y aliados habituales del Ejecutivo como PNV, EH Bildu y Más País, unidos, en la mayoría de los casos, por el argumento de que la reforma invade competencias autonómicas.
El PP no sucumbió a la tentación de unirse a tal compañía para infligir una derrota al Gobierno. Lo mismo hicieron Vox y Ciudadanos. Los populares dejaron constancia de sus discrepancias de fondo, sobre todo con la más polémica de las cláusulas de la reforma, la que permite requisar temporalmente bienes y movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad en caso de declararse un estado de crisis. “Te pueden confiscar tus bienes”, protestó Callejas, “y obligarte a realizar una prestación sin indemnización alguna, todo al albur de un presidente. ¡Y menudo presidente!”. Así que avisó: “Esto no es un cheque en blanco”. Los de Vox y Ciudadanos fueron más bien cheques en negro: ambos dijeron que no están dispuestos a pactar nada sobre seguridad nacional con un Gobierno que “entrega los secretos oficiales a los que quieren destruir el Estado”, amén de otras tropelías que atribuyen a Pedro Sánchez.
Sobre otro de los aspectos principales de la reforma, la creación de una reserva estratégica de materiales para prevenir desabastecimientos en caso de crisis, como sucedió al comienzo de la pandemia, nadie puso objeciones. Fue en lo que más incidió Bolaños en su presentación de la iniciativa. “Los Estados aprenden de las crisis y nuestro deber es llevar ese aprendizaje a las leyes”, defendió.
En verdad, poco se discutió del contenido de la ley. El sector más ruidoso del independentismo volvió a la carga con el espionaje. “Por mucho que se pongan la ley en la boca, ustedes no son un Estado democrático”, lanzó a Bolaños la diputada de la CUP Mireia Vehí. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, volvió a concluir su discurso del modo que acostumbra desde hace días, con un “visca Catalunya lliure!”. Del otro lado, Ciudadanos arrancaba aplausos de Vox y, por este partido, Javier Ortega Smith avisaba a los “enemigos de España”: “Los vamos a investigar, los vamos a sentar en el banquillo y los vamos a ilegalizar”. En la bancada popular se celebró mucho cuando su diputada Ana Belén Vázquez exclamó: “¡Ojalá los espíen más!”.
Lo ocurrido con la reforma de la seguridad nacional se repitió en términos similares con otra de las leyes, la que regula el uso de materiales que pueden utilizarse para fabricar explosivos. ERC también tenía presentada desde hace tiempo una enmienda a la totalidad y de nuevo sobre el argumento principal de que excluye a las policías autonómicas. Esta vez se le cayeron algunos apoyos, como EH Bildu y Más País, que se abstuvieron. No así el PNV, que volvió a alinearse con Esquerra. Gobierno y oposición votaron juntos de nuevo.
Ninguna de las iniciativas legislativas del Gobierno y del PSOE contó con el apoyo de ERC. Fuentes de ese grupo insistieron en desvincularlo del escándalo del espionaje. “Sin Pegasus, hubiésemos votado igual en todos los casos”, aseguraron. Los independentistas fueron los únicos que se opusieron a la ley que establece exenciones fiscales para la rehabilitación de viviendas, después de que se rechazase una enmienda suya. Ahí el Gobierno sufrió una pequeña derrota, porque Ferran Bel, del PDeCAT, logró sacar una enmienda gracias al apoyo del PP.
ERC se abstuvo en el decreto con medidas para bloquear propiedades de testaferros de oligarcas rusos, una norma cuya seguridad jurídica fue discutida por otros grupos, incluido Unidas Podemos, pese a su voto favorable. Y los republicanos se opusieron a una proposición de ley de los socialistas para incluir temporalmente entre las circunstancias agravantes para el delito de trata de personas el hecho de que la víctima sea un refugiado de la guerra de Ucrania. Esa iniciativa contó con una aprobación altísima ―308 votos―, aunque buena parte de la Cámara ya advirtió de que exigirá cambios sustanciales para no discriminar a las personas que huyen de otros conflictos bélicos.
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