El principio de acuerdo alcanzado por el G-20 para fijar un impuesto mínimo a las multinacionales que tributan fuera de los países donde facturan ―especialmente los gigantes tecnológicos― tiene algunos efectos colaterales. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió el domingo desde Venecia a la Unión Europea que reconsidere su proyecto de tasa digital, al recordar que este tipo de gravamen instaurado por varios países del bloque comunitario, entre ellos España o Francia, es “discriminatorio para las empresas estadounidenses”. EE UU considera que el impuesto mínimo ya resuelve la base del problema y no procede seguir adelante con la denominada tasa Google.
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Yellen fue clara al respecto durante la rueda de prensa que ofreció este domingo desde la ciudad véneta, donde se celebró la reunión entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del bloque. El acuerdo del sábado “invita a los países a desmantelar las tasas digitales existentes que EE UU considera discriminatorias, y a abstenerse de instaurar medidas similares en el futuro”. Uno de los problemas es que ocho países no han firmado el acuerdo del G-20, que valida el consenso entre más de 130 países alcanzado en el seno de la OCDE el 1 de julio. Entre ellos, hay tres naciones de la UE: Irlanda, Hungría y Estonia. Y eso puede complicar la homogeneidad de la medida.
Los ministros de Finanzas del G-20 aprobaron el acuerdo, que definieron como “histórico”, para la imposición de un impuesto mínimo a las multinacionales, con el objetivo de frenar la elusión fiscal y la carrera a la baja en el impuesto de sociedades. La OCDE llevaba más de siete años trabajando en un proyecto conocido como Marco Inclusivo sobre BEPS (erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), en el que participan más de 130 países, para que las multinacionales tributen donde tienen el negocio y no donde les resulte más barato. El impulso del pasado G-7, celebrado a inicios de junio en Londres, fue decisivo para lograr un acuerdo de mínimos, así como el liderazgo de la nueva Administración de EE UU del presidente Joe Biden y de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
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La reforma global ―que no se implementaría hasta 2023― convertiría así en redundantes la tasa digital de la UE y las medidas unilaterales de sus socios, opina Yellen. “Le corresponde pues a la Comisión Europea y a los miembros de la UE decidir el camino a seguir”, agregó la secretaria del Tesoro, que viajará el lunes a Bruselas para asistir a la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro. Estados Unidos no ve con buenos ojos este proyecto por el impacto que tendría en sus tecnológicas, como Amazon, Google o Facebook, y estima que puede hacer fracasar las negociaciones internacionales en curso sobre la fiscalidad internacional.
El principal problema ahora para renunciar al gravamen, tal y como plantea Yellen, es que la UE previó recurrir a ello ―una suerte de tasa Google reformulada, que no afectaría solo a las tecnológicas― para financiar parte del fondo europeo de 750.000 millones de euros que ha diseñado para salir de la crisis causada por la covid-19. Además, países como Francia y España ya han instaurado medidas unilaterales, que se han comprometido a suprimir una vez que se ponga en marcha el acuerdo global.
