8M: Trabajadoras que buscan derechos justos

Las cuentas de Isidra Llanos, una trabajadora del hogar de casi 60 años, no cuadran. Desde los 14 años ha estado laborando en diversas casas de Xochimilco, Ciudad de México, pasando por jornadas de 16 horas, muchas veces sin días libres. A pesar de casi tres décadas en el empleo, Isidra no recibe pensiones ni beneficios del Gobierno mexicano. Para el Estado, dice, su trabajo no cuenta.

En México, hay 2.3 millones de trabajadoras del hogar en una situación similar, desprotegidas. Esta realidad afecta no solo a ellas, sino también a 318,000 trabajadoras agrícolas, 800,000 empleadas en maquiladoras en situación informal, y 92,000 conductoras y repartidoras de plataformas digitales. En 2026, las mujeres trabajadoras siguen luchando por contratos, acceso a servicios médicos, salarios dignos y enfrentando el acoso sexual, todo mientras asumen la carga del cuidado familiar.

Ante esta difícil situación, más de 20 colectivos de sectores altamente precarizados, como el agrícola o el de plataformas digitales, se han unido a la red “Unidas”, apoyada por OXFAM México y otras organizaciones. Desde el año pasado, están investigando las condiciones laborales de las mujeres y preparando exigencias al Gobierno y al sector privado. Algunas de las demandas incluyen más inspecciones laborales y la mejora del acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una voz que destaca es la de Nubia Díaz, una jornalera agrícola de Guasave, Sinaloa, quien recuerda tener que trabajar hasta ocho meses de embarazo para garantizar atención médica. Las jornaleras son delegadas a recoger maíz y otros cultivos en jornadas de 12 horas. La cultura del silencio y el miedo a perder el empleo se traduce en la falta de conocimiento sobre sus derechos. La mayoría de ellas trabaja sin contrato, y solo el 10% tiene acceso al IMSS.

Betty Ávalos, originaria de Ciudad Juárez y defensora de los derechos laborales en la industria textil, comparte su experiencia en un ambiente que aún exige pruebas de menstruación para probar que no están embarazadas. A lo largo de su carrera, ha luchado por mejorar las condiciones laborales, resaltando la necesidad de un control más eficiente sobre las empresas extranjeras en la región.

Asimismo, Isidra, ahora parte de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), ha identificado que la inscripción al IMSS depende de los empleadores, muchos de los cuales no cumplen. Esto lleva a que muchas trabajadoras permanezcan en la incertidumbre.

En Guadalajara, Ana Medina, conductora para aplicaciones como Uber, también se enfrenta a la precariedad laboral. Las condiciones de trabajo son difíciles y con altas exigencias. Sin embargo, en diciembre de 2024, lograron una victoria significativa: su relación laboral fue reconocida, permitiendo el acceso a la seguridad social en un contexto donde las plataformas retienen un 40% de las tarifas que los usuarios pagan.

Las mujeres ocupadas en estos sectores han encontrado en la lucha compartida un camino hacia una mejor calidad de vida. Las exigencias por derechos y el reconocimiento de su trabajo son ahora más urgentes que nunca en un país donde la desigualdad persiste.

Esta realidad se refleja de manera alarmante en estadísticas y en las historias de vida de las trabajadoras que, a pesar de los logros recientes en la legislación, enfrentan aún un largo camino hacia la equidad.

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