94,000 pensionados sufrirían consecuencias negativas

La posible reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum está generando ecos en el ámbito de las pensiones para exfuncionarios de confianza. Esta propuesta podría afectar a más de 94,000 jubilados de seis entidades estatales que, en muchos casos, reciben pensiones que superan el sueldo de la propia mandataria federal.

La información, divulgada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, revela que estas entidades acumulan un importante número de jubilados con pensiones elevadas. Entre ellas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destaca con 54,008 jubilados del régimen de confianza. El costo anual de estas pensiones asciende a 40,950 millones de pesos. Alarmantemente, 2,199 de estos jubilados perciben montos que superan el salario de la presidenta, y 45,680 sobrepasan la pensión más alta del ISSSTE, mientras que 8,157 exceden la establecida por el IMSS.

Otro caso significativo es el de Luz y Fuerza del Centro, que se encuentra en proceso de liquidación. Esta entidad abarca a 14,073 trabajadores jubilados, con un gasto anual que alcanza los 28,074 millones de pesos. Aquí, 3,504 jubilaciones son más altas que el sueldo neto mensual de la presidenta.

Petróleos Mexicanos (Pemex) también figura en esta lista, con 22,316 jubilados del régimen de confianza y un costo anual cercano a 24,844 millones de pesos. De estos, 544 reciben pensiones superiores a las de la presidenta, y 618 sobrepasan el ingreso anual bruto del director general de la empresa.

Los números continúan: en Nacional Financiera, hay 1,449 jubilados del mismo régimen, con un costo anual de 643 millones de pesos, de los cuales nueve perciben más que la titular del Ejecutivo. En Banobras, 1,521 jubilados generan un gasto anual de 1,029 millones de pesos, con 19 pensiones que superan el salario presidencial. Finalmente, en Bancomext se reportan 966 jubilados, con un costo anual de 766 millones de pesos, y 22 jubilados más cuyas pensiones son mayores que la del presidente.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum pone sobre la mesa un tema crucial: la necesidad de un ajuste en las pensiones no solo para garantizar la sostenibilidad del sistema, sino también para equilibrar la justicia social en el ámbito público. Con cifras que evidencian disparidades en las remuneraciones, esta reforma podría ser un paso significativo hacia una mayor equidad en el manejo de los recursos públicos.

A medida que se avanza en este debate, la atención se centra en cómo estos cambios impactarán a miles de jubilados y en el diseño de un nuevo marco que asegure pensiones justas y sostenibles en el futuro. La reforma no solo busca limitar las pensiones de altos mandos, sino también redefinir un modelo que hasta hoy ha beneficiado principalmente a unos pocos.

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