“Imagina que en el Congreso de los Diputados se quedaran vacantes un 20% de escaños. No se hablaría de otra cosa”. La reflexión, pronunciada por un magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo, ilustra la sensación que comparten desde hace meses muchos miembros del alto tribunal, donde el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma legal que impide al actual Consejo hacer nombramientos de cargos discrecionales han dejado ya 13 vacantes del total de 80 plazas que tiene el alto tribunal. A partir del próximo viernes, cuando se jubila Segundo Menéndez, magistrado de la Sala Tercera, serán 14, y si las vacantes no se cubren antes de octubre, las bajas ascenderán a 16, lo que supone el 20% de la plantilla.
El compromiso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para negociar la renovación del CGPJ ha sido recibido con optimismo en el alto tribunal, aunque el horizonte del 12 de junio marcado por el Gobierno para cerrar el acuerdo aboca al Supremo a resistir en la situación actual, como mínimo, hasta el verano. La “fecha límite”, según miembros del tribunal consultados, debería ser la apertura del año judicial, que se celebra en septiembre. “Todo lo que no sea haber recuperado entonces el funcionamiento normal será un desprecio institucional al primer órgano jurisdiccional del país, y, con él, a uno de los tres pilares del Estado”, afirma un magistrado.
La negociación entre el PSOE y el PP está llamada a cumplir la obligación constitucional de renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Pero la ley impulsada por el Gobierno para evitar que el Consejo actual continuara designando los puestos claves de la magistratura ha lastrado el funcionamiento de los principales órganos judiciales, empezando por el Supremo, donde cada juez que se jubila, fallece o se marcha de forma voluntaria deja un hueco que no puede cubrirse mientras no se renueve el CGPJ. Entre los magistrados hay opiniones divergentes sobre esa reforma legal (unos la cuestionan y otros consideran que era un “mal necesario” porque el Consejo ya no estaba legitimado para hacer nombramientos), pero a medida que pasan los meses sin que se encuentre una salida, todos coinciden en la gravedad de la situación. “No se puede normalizar que el Tribunal Supremo esté mutilado ni que tenga un presidente interino”, afirma uno de sus miembros.
La situación afecta a cuatro de las cinco salas, aunque la mayor precariedad se vive en la Tercera, la encargada de resolver, entre otros, los recursos contra actos del Gobierno. A partir de la semana que viene tendrá vacantes ocho de sus 33 plazas. “Hay casi un aspecto desolador. La nuestra es la planta de los despachos vacíos. Ya hay siete y ahora serán ocho. Es triste pasear por los pasillos”, describe un magistrado.
Esta sala está organizada en secciones, en función de la materia de la que se ocupe (sanidad, economía, medio ambiente) o del organismo público implicado en el asunto que se dirime, y en algunas de ellas no podrían alcanzar ya el mínimo de cinco magistrados que exige la ley para deliberar un asunto si no se hubieran adoptado medidas de emergencia. El presidente de la sala, César Tolosa, entra desde hace meses a completar las secciones cuando no hay magistrados suficientes, pero este remedio se ha quedado corto tras las últimas bajas, lo que ha obligado a reorganizar la sala y a mover magistrados de una sección a otra. Con estas medidas, cada sección tiene ahora justo el número mínimo de jueces para deliberar. “Vivimos en un equilibrio inestable”, afirma un magistrado, que explica que cualquier baja adicional, por enfermedad o porque un magistrado tenga que abstenerse de un asunto, obliga a hacer nuevas filigranas y a tirar de compañeros de otras secciones.
A la falta de manos que implican las sillas vacías se une el incremento de asuntos que han llegado en los últimos meses a esta sala y los que quedan por llegar relacionados con la pandemia de covid-19. La Sala Tercera ha sido la encargada de revisar los recursos contra las limitaciones de derechos fundamentales decretadas por el Gobierno central y los autonómicos para combatir el virus, y ahora, pasado lo peor de la pandemia, se prepara para recibir un aluvión de reclamaciones patrimoniales de empresarios al Estado por el dinero que dejaron de ganar durante el estado de alarma que acabó anulando el Tribunal Constitucional. El Supremo estima que recibirá alrededor de 4.000 reclamaciones, lo que pone en riesgo de colapso a la sala encargada de resolverlas, según fuentes del tribunal.
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Las vacantes también afectan ya seriamente al funcionamiento de la sala Cuarta (Social), que tiene tres huecos a los que a finales de año, si el CGPJ no se ha renovado, se añadirán otras dos jubilaciones, incluida la de la presidenta, María Luisa Segoviano. La plantilla de la sala se quedaría con solo ocho magistrados —de un total de 13—, por lo que ya no podrían constituirse las dos secciones en las que habitualmente se divide para deliberar y resolver los asuntos. “Las bajas en el Supremo no afectan solo a los que lo formamos. Afectan a los ciudadanos que esperan nuestra resolución, al trabajador despedido que tiene una indemnización pendiente de cobrar, al empleado al que se le ha negado un derecho. La falta de magistrados implica que los asuntos tardarán más en resolverse”, recuerda un miembro de esta sala.
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