En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha hecho un llamado urgente al Poder Judicial del país para intensificar sus esfuerzos hacia la erradicación de la tortura y la dignificación de quienes han sufrido esta violación de derechos. Este pronunciamiento cobra especial relevancia en medio de debates sobre una posible reforma judicial que ha sido impulsada por el Ejecutivo federal.
En su declaración, la ONU-DH enfatiza que la lucha contra la tortura y la promoción del acceso a la justicia requieren abordar la impunidad estructural que ha permeado el sistema penal mexicano. La organización advierte que los problemas de inseguridad y violencia no deben ser enfrentados con actos adicionales de injusticia, subrayando la gravedad del problema.
Un aspecto crucial de este mensaje es el llamado a las autoridades judiciales para que se abstengan de utilizar cualquier evidencia que haya sido obtenida a través de la tortura o violaciones a los derechos humanos. Para lograr esto, es fundamental que los jueces actúen con total independencia, sin presiones externas, y estén equipados con las capacidades técnicas necesarias para llevar a cabo revisiones incomparables e imparciales de detenciones y procesos penales.
La ONU-DH ha declarado de manera rotunda que la tortura está prohibida en todas sus formas. Esta práctica no solo menoscaba la dignidad humana, sino que también socava la confianza del público en las instituciones y puede llevar a la fabricación de culpables. NADA puede justificar el uso de la tortura.
La organización también ha expresado su firme apoyo a las víctimas de tortura, particularmente aquellas que han sido históricamente marginadas en función de su apariencia, origen étnico, género, orientación sexual, nacionalidad o condición socioeconómica. Desde esta perspectiva, la ONU-DH ha resaltado el papel fundamental que juegan los jueces de control, quienes son considerados garantes de los derechos humanos desde las etapas iniciales del proceso penal. En consecuencia, se les insta a verificar la legalidad de las detenciones y asegurar que los acusados que opten por procedimientos abreviados lo hagan de manera verdaderamente libre, informada y con representación legal adecuada, sin presión de ningún tipo.
Por último, en el contexto de la renovación del Poder Judicial en México, la ONU-DH ha reiterado la importancia de que cualquier reforma respete el principio de progresividad en derechos humanos, fortalezca el principio de exclusión de pruebas ilícitas y profesionalice las investigaciones en este ámbito.
Este pronunciamiento se hace en un momento crítico, donde la justicia y la dignidad humana deben prevalecer en el ámbito judicial. La data corresponde a la fecha de publicación original y, si bien la actualidad puede presentar diversos matices en el contexto judicial mexicano, la urgencia de abordar estos temas con seriedad se mantiene inalterada.
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