Tras el problema que se ha visto en Canadá, el mercado inmobiliario se ha disparado en los últimos años, por lo que, a partir del 1 de enero del 2023 estará prohibido que los extranjeros compren bienes inmuebles en el país. Esto tendrá vigencia dos años y se tendrán algunas excepciones como para estudiantes extranjeros, titulares de permisos laborales o solicitantes de asilo.
Ottawa impone desde el domingo una multa de hasta 10.000 dólares canadienses (unos 6.900 euros) a los extranjeros que adquieran un bien inmueble. Y toda persona o firma que ayude a efectuar la transacción recibirá una sanción económica que podría alcanzar el mismo monto. Según la norma, el tribunal superior de Justicia de la provincia donde se encuentre la propiedad “puede dictar una orden y obligar la venta del inmueble en la forma y condiciones que se establezcan”.
La prohibición de estas compras fue una promesa de campaña del Partido Liberal de Canadá –la agrupación de Trudeau- en la campaña de 2021. La iniciativa, que fue aprobada por los parlamentarios el pasado junio, suma a Canadá a la corta lista de países que aplican este tipo de prohibiciones. Nueva Zelanda puso en marcha una medida similar en agosto de 2018. Asimismo, los extranjeros no pueden adquirir inmuebles en las Islas Aland de Finlandia.
Ahmed Hussen, ministro federal de Vivienda, Diversidad e Inclusión, apuntó en un comunicado el pasado 21 de diciembre: “La vivienda no debe ser solo una propiedad. Está pensada para vivir en ella: un lugar donde las familias puedan echar raíces, crear recuerdos y construir una vida en común. Con esta Ley, garantizamos que la vivienda sea propiedad de los canadienses, en beneficio de todas las personas que viven en Canadá”.
El Gobierno canadiense ha puesto en marcha otras medidas para combatir el problema, agravado especialmente durante los años de la pandemia. Por ejemplo, estímulos fiscales para la compra de una primera casa, inyecciones en proyectos de construcción y ayudas mensuales a personas con dificultades para encontrar un alquiler asequible. Asimismo, el 1 de enero también entró en vigor un nuevo impuesto para aquellas personas que compren y vendan una vivienda en un plazo de 12 meses; una práctica conocida como flipping.
Chrystia Freeland, ministra de Finanzas y viceprimera ministra, declaró en la Cámara baja el pasado abril, cuando expuso los elementos del proyecto: “Nuestra economía la construyen las personas, y esas personas necesitan casas para vivir. El problema es el siguiente: Canadá no tiene suficientes viviendas. Necesitamos más, y las necesitamos rápido”. El precio medio aumentó en el país un 44% entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Vancouver y Toronto han sido las ciudades más afectadas.
Sin embargo, la prohibición a extranjeros de la compra de bienes inmuebles ha levantado una ola de críticas. Diversos expertos dudan del impacto real de la medida, ya que sostienen que las personas que no residen en Canadá tienen poco que ver con la crisis de la vivienda, apuntando a un asunto relacionado con factores nacionales. Un informe de Baker Insights Group mostró que los extranjeros no residentes adquirieron el 1% de las propiedades vendidas en el país en 2020.
Liberales y conservadores habían prometido esa medida en sus programas. No así el Nuevo Partido Democrático, socio de gobierno de Trudeau, que lamentó que, en lugar de ese veto a los extranjeros, no se impusiera una tasa como la que ya tienen las provincias de la Columbia Británica y Ontario, que gravan con un tipo del 20% las transacciones de extranjeros. Los resultados, sin embargo, han sido más bien discretos, lo cual reafirma al sector inmobiliario en que los compradores foráneos no son el grueso del problema, por lo que abogan por incentivar la construcción para combatir la escasez de la oferta.
En Europa, muchos países como España o Portugal hicieron lo contrario después de la Gran Recesión incentivando la venta de viviendas a extranjeros con los llamados visados de oro, muy criticados por Bruselas. Sin embargo, algunas regiones empiezan a ver en la senda de Canadá un camino a explorar. Es el caso de Baleares, que ante los graves problemas de vivienda que sufren algunas localidades, en especial de Ibiza, ha abierto el debate sobre la prohibición. Allí, los números son otros: casi el 40% de las operaciones son protagonizadas por extranjeros.
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