El 1 de junio de 2025, México llevó a cabo unas elecciones que permitieron a la ciudadanía elegir a representantes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. En total, 2,761 personas fueron electas para ocupar roles en este importante componente del sistema de justicia del país. Sin embargo, el resultado de este proceso electoral suscitó una profunda preocupación, especialmente para las comunidades LGBT+, que continúan siendo históricamente excluidas y cuyas necesidades no se priorizan.
Según datos de 2021 del INEGI, alrededor del 5.1% de la población mexicana mayor de 15 años se identifica como parte de la comunidad LGBT+. Este porcentaje, si bien es revelador, podría ser aún mayor si se consideran aquellos que no pudieron, por diversos motivos, manifestar su identidad durante las encuestas.
El Poder Judicial ha sido una de las instituciones más cerradas a la hora de integrar a grupos históricamente marginados. Esta falta de representación es peligrosa, dado que a través de decisiones judiciales se han logrado avances en el reconocimiento de derechos que han sido sistemáticamente negados a estas poblaciones. En el contexto de las elecciones judiciales de 2025, la ausencia de visibilidad y representación para las comunidades LGBT+ es un recordatorio de que la gobernanza sigue siendo hegemónica y no inclusiva.
Lo que se presentaba como una fiesta de la democracia se tornó en un fracaso al no reconocer la diversidad de la ciudadanía. La nueva estructura del Poder Judicial, en vez de representar un cambio positivo, ha reproducido los vicios del patriarcado, relegando a las poblaciones disidentes a la invisibilidad y limitando sus derechos político-electorales.
Este proceso electoral se presentaba como una oportunidad para reconfigurar el Poder Judicial con una mirada más inclusiva, que considerara las múltiples realidades de la sociedad mexicana. Sin embargo, esta oportunidad fue desaprovechada por un electorado que omitió valorar la diversidad en sus decisiones.
La creación de símbolos como la “bandera del orgullo” o eventos de visibilidad comunitaria no son suficientes. La verdadera inclusión y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+ requieren un cambio estructural en la manera en que se concibe la ciudadanía y la responsabilidad del Estado en la protección de estos derechos.
Frente a esta situación, se hace evidente que la resistencia y la exigencia por parte de las poblaciones LGBT+ se erigen como la única alternativa viable para reivindicar sus derechos perdidos. Una justicia diversa no solo representa un paso hacia la equidad, sino que también concede a todos los ciudadanos el acceso a un sistema judicial verdaderamente justo.
La relevancia de estos temas es más crítica que nunca. La justicia debe ser un reflejo de la sociedad en su conjunto, y cualquier proceso democrático que no lo reconozca está condenado a ser visto como un fracaso en su esencia.
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