El portugués más rico del mundo se llama Román Abramóvich. La prensa lusa ironiza con el asunto cada vez que puede desde que el diario Público destapó que el multimillonario ruso había obtenido la ciudadanía portuguesa en abril de 2021, aprovechando la vía abierta en la Ley de la Nacionalidad para los descendientes de los sefardíes expulsados de Portugal en 1496 por el rey Manuel I. El oligarca que antes contrataba a Lady Gaga para conciertos privados y que ahora tiene yates retenidos en varios puertos occidentales por las sanciones tras la invasión rusa de Ucrania es uno de los 56.686 judíos, la mayoría residentes en Israel, que se convirtieron en portugueses entre 2015 y 2021. En ese periodo, apenas 300 peticiones fueron rechazadas por al Instituto de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, que debe certificar si se concede o no la ciudadanía y que tiene aún pendientes de examinar más de 80.000 expedientes.
Casi el 90% de las 137.087 solicitudes presentadas en seis años partieron de la Comunidad Judaica de Oporto, la única junto a la Comunidad Judaica de Lisboa, autorizada legalmente a emitir certificados para lograr la nacionalización portuguesa. Las sospechas se centran en la entidad de Oporto, que vio crecer su poder financiero e institucional desde que se abrió el proceso para los sefardíes. Su rabino, Daniel Litvak, fue detenido en marzo durante unas horas en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado sobre las irregularidades en la tramitación de expedientes en los que se podrían haber cometido tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documento, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal y asociación criminal.
La policía sospecha que han podido desviarse 35 millones de euros de las donaciones recibidas por la organización religiosa desde que entró en vigor la norma. El segundo acusado por esta investigación es el abogado Francisco Almeida Garrett, que pertenece a la dirección de la Comunidad Judaica de Oporto y es sobrino de Maria de Belém Roseira, la diputada socialista que defendió la laxa redacción de la norma para los sefardíes. Fuentes citadas por el semanario Expresso aseguran que la institución contaba con una “contabilidad paralela, en on y en off” y que un testigo denunció hace años ante la policía judicial la conexión portuguesa con una red de falsificación que emitía certificados fraudulentos de nacimiento sellados por el Reino de Marruecos y acreditados por el tribunal rabínico de Casablanca a cambio de 6.500 euros. La gestión burocrática de la nacionalización se ha convertido también en un apetitoso negocio para bufetes de abogados que se ofrecen a tramitarla en poco tiempo.
Cómoda vía de acceso a la UE
El pasaporte portugués no es solo un pasaporte portugués. Ante su titular se abren todos los privilegios de la ciudadanía comunitaria, que permiten moverse libremente por la Unión Europea y prescindir de visados para acceder a 116 países, según la estadística Passport Index relativa a 2021. Una alegría si alguien tiene inclinación por los movimientos de dinero clandestinos. Las raíces judías se han convertido en los últimos años en una cómoda vía de acceso a la burbuja comunitaria de la que se han beneficiado, entre otros, Abramóvich, uno de los principales donantes de fondos para la apertura del Museo del Holocausto en Oporto, impulsado por la comunidad que le tramitó la nacionalización.
No ha sido el único rico atraído por la ciudadanía portuguesa. El multimillonario israelí Lev Leviev, conocido como el rey de los diamantes, amigo de Abramóvich y de Berel Lazar, rabino jefe de Rusia y próximo a Putin, también fue certificado en 2020 por la comunidad de Oporto como descendiente de sefardíes ibéricos, según el semanario Expresso. No ha trascendido si la Administración portuguesa le ha dado ya el visto bueno a su nacionalización.
La prensa lusa está sacando poco a poco a la luz un entramado de relaciones sospechosas alrededor de la actividad de esta comunidad judía y del procedimiento seguido en el caso Abramóvich, entre otros. El rabino Alexander Boroda, que firma el documento que acredita las raíces sefardíes del oligarca, preside la Federación de Comunidades Judaicas de Rusia desde 2008, cuyo consejo de administración incluye al propio Abramóvich, según el diario Público. El propio Boroda fue a su vez acreditado por la comunidad de Oporto como descendiente de sefardíes. Otro de los rabinos que avala al oligarca ruso es el israelí Yona Leib Label, también acreditado por la Comunidad Judaica de Oporto como descendiente de sefardíes.
Puede que la nacionalidad de Abramóvich sea reversible si finalmente la investigación abierta determina que se cometió alguna anomalía, pero lo que ya es seguro es que la laxitud de la Administración lusa tiene los meses contados. En septiembre entrará en vigor, según se recoge en el portal del Ministerio de Justicia, el artículo del decreto ley del Gobierno que endurece los criterios de concesión de la nacionalidad portuguesa, como la demostración de una vinculación real y actual con Columna Digital. Además de documentos que acrediten los antecedentes familiares sefardíes, los nuevos requisitos exigirán evidencias sobre esa relación, como la posesión de un inmueble heredado o los viajes frecuentes a Portugal. El real decreto fue aprobado en Consejo de Ministros en febrero y promulgado en marzo por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Paradójicamente, todos los cambios del reglamento de la Ley de la Nacionalidad entraron en vigor el viernes 14 de abril, a excepción de los apartados relativos a los sefardíes, que fue la razón más urgente de la reforma.
El decreto que permitía otorgar la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos expulsados del país hace más de cinco siglos entró en vigor el 2 de marzo de 2015 y fue modificado en 2020. La impulsora de la nacionalización de sefardíes fue la diputada socialista Maria de Belém Roseira, tía del abogado Francisco de Almeida Garrett, en el punto de mira de la justicia por las anomalías. En declaraciones a la prensa, Roseira ha negado que su sobrino condicionase su trabajo legislativo.
Sin embargo, la exministra socialista de Administración Interna y experta en Derecho de las Nacionalidades, Constança Urbano de Sousa, aseguró en una entrevista al diario Público que recibió presiones desde las filas de su partido para impedir que la reforma de 2020 dotase de más exigencias al proceso de nacionalización: “Hubo una enorme contestación. Mi propuesta exigía un periodo mínimo de residencia previa en Portugal de dos años. Un régimen más favorable del que existe para los inmigrantes que aquí residen. Debido a presiones al más alto nivel, acabé por rectificar dos veces. Primero dejé caer la exigencia de dos años de residencia, sustituyendo este requisito por cualquier conexión relevante con Portugal, que luego sería regulada, pero también fui obligada a desistir de esta propuesta”.
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