Un grupo de diputados de todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal confirmada en los Papeles de Pandora. Piñera usó ‘su cargo para negocios personales’, ha dicho el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas.
Acusación constitucional
Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).
Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
Tras la publicación de los Papeles de Pandora hace dos semanas, que confirmó la transacción de Dominga, la Fiscalía abrió de oficio una investigación por eventuales delitos tributarios y de cohecho. Tanto el Ministerio Público como el presidente coinciden en que el acuerdo de octubre de 2010 que delinea las condiciones de la operación está sobreseída hace cuatro años y que la Fiscalía no tuvo en su momento el contrato original escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, que estaba dentro de la filtración mundial de hace una semana.
Un antecedente nuevo
Pero mientras el Ministerio Público lo considera un “antecedente nuevo”, como aseguró el pasado viernes la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, el Gobierno defiende que es un elemento asociado al mismo negocio. La legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente, que puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones.
A seis semanas de las elecciones generales, Columna Digital atraviesa un momento convulso entre el huracán desatado por la mezcla de los negocios y la vida pública del presidente y los comicios con candidatos que no arrastran grandes mayorías.
