En su última comparecencia de 2020, el 29 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, levantó las expectativas sobre una reforma de la Monarquía, cuyo prestigio ha quedado seriamente dañado por los escándalos protagonizados por Juan Carlos I. “El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”, señaló el jefe del Ejecutivo.
En estos casi 10 meses no se ha dado ningún paso en ese sentido y tampoco se ha desvelado dicha hoja de ruta. Solo se ha sabido que el Gobierno descarta aprobar una ley de la Corona, que inevitablemente derivaría en un debate parlamentario sobre la forma de Estado. Eso quiere decir que las medidas que se tomen tendrán por fuerza un rango inferior.
El Gobierno deja en manos de la propia Casa del Rey la decisiones
Sobre qué medidas adoptar y en qué momento anunciarlas, según fuentes del Ejecutivo, que no quieren dar la imagen de que se presiona a Felipe VI, y aseguran que, por el contrario, es el Rey el primer interesado en renovar la institución.
Fuentes de la Casa del Rey sostienen que el estudio de las medidas para dar mayor transparencia a la Monarquía “no se ha interrumpido en ningún momento”, y que el objetivo es que tengan “la máxima solidez y solvencia desde el punto de vista técnico y jurídico”. Para ello no solo se ha contado con los servicios de la propia Casa del Rey, sino que se ha recurrido al asesoramiento de expertos externos. Las citadas fuentes no ponen fecha a la finalización del estudio y la aprobación de las medidas.
Conocedores de la Casa del Rey estiman que este paquete de reformas difícilmente verá la luz antes de que concluya la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. El anunciado archivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía sería un primer paso para que La Zarzuela pueda pensar en pasar página e iniciar una nueva etapa.
Felipe VI
Cuando Felipe VI asumió el trono, en 2014, adoptó una serie de medidas para distanciarse de los escándalos de la última etapa del reinado de su padre: aprobó una normativa sobre regalos que pueden aceptar los miembros de la Familia Real e impuso un código de conducta para el personal que trabaja en la Jefatura del Estado. También publicó información detallada sobre el presupuesto de La Zarzuela, incluidos los sueldos de la Familia Real y sus altos cargos.
El artículo 65 de la Constitución señala que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”, por lo que el Parlamento no puede imponerle un control sobre esos fondos. Pero el Rey sí puede aceptarlo de manera voluntaria: así lo hizo al firmar un convenio con la Intervención General del Estado para que audite los gastos de La Zarzuela, aunque legalmente no esté obligado.
En esta línea, según las fuentes consultadas, el Rey podría avanzar: sometiendo las cuentas de la Jefatura del Estado a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, asumiendo prácticas de la ley de transparencia o publicando el patrimonio personal de los miembros de la Familia Real y de los altos cargos de la Casa, como ya hacen ministros y parlamentarios.
