El 1 de septiembre próximo, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atravesarán la emblemática “Escalera de los magistrados” en la Ciudad de México, donde el mural de Rafael Cauduro los recordará de inmediato las deficiencias del sistema de justicia. Este mural ilustra un panorama desolador: expedientes desbordados, personajes con rostros afligidos, atrapados en un mar de burocracia.
Al llegar a sus oficinas, tras las ceremonias de bienvenida, una pregunta pesa sobre sus cabezas: ¿cuáles son los pendientes? Según las últimas cifras, el pleno, junto con la primera y segunda sala, enfrenta 1,248 asuntos aún sin resolver, asuntos que por su naturaleza requieren un enfoque serio. Este amistoso encuentro inicial pronto se verá opacado por una realidad crítica.
El verdadero embotellamiento ocurre en los juzgados de distrito y en diversos tribunales, que acumulan más de un millón de expedientes sin resolver hasta finales de abril de 2025. Abogados consultados expresan su preocupación por cómo esta acumulación no solo genera impunidad, sino también riesgos evidentes de pérdidas de evidencias y la necesidad de reiniciar juicios orales, donde la continuidad del mismo juez es fundamental.
En el contexto del Poder Judicial de la Federación, en 2023, se registraron más de 1.4 millones de nuevos casos, sumando a una carga que cada juez tiene que manejar, que promedia 895 asuntos por año. Comparativamente, en el sistema estatal, en 2022 se reportaron más de 2 millones de nuevos ingresos con una resolución promedio de menos de 430 asuntos por juez.
La jornada se complica todavía más con la reciente reforma judicial que ha reestructurado la SCJN, reduciendo el número de ministros de 11 a 9 y eliminando las dos salas, lo que podría intensificar aún más el rezago en la resolución de casos. Con solo un pleno funcional, los ansiados proyectos de sentencias recaerán en un grupo reducido de ocho ministros, donde el flujo normal de trabajo se verá alterado.
Adicionalmente, de acuerdo a datos de la SCJN, en 2024 se recibieron más de 16,000 casos, y la expectativa de resolver estos asuntos se vuelve sombría con la abolición de las salas, hasta ahora responsables de desahogar una cantidad significativa de casos y crear jurisprudencia.
Los desafíos a los que se enfrentará la SCJN son múltiples. Desde la gestión de la transición hasta la redacción de nueva legislación interna que se alinee con la reciente reforma, el impacto se siente en la esfera judicial con una preocupación palpable sobre cómo la inexperiencia de algunos nuevos jueces podría llevar a una further disminución en la calidad de la justicia impartida.
A medida que se inician estos cambios estructurales, es crucial considerar que el efecto del envejecimiento y la acumulación de casos podría, en última instancia, perpetuar la espiral de impunidad que se ha comenzado a vislumbrar. La preocupación no es solo teórica: hasta abril de 2025, más de 94,000 personas aguardaban en prisión sin una sentencia, poniendo un rostro humano a esta crisis judicial.
A medida que el sistema navega por un periodo de transición complejo, la voz de los litigantes y otros actores del sistema legal se hace más urgente, pues lo que está en juego es la integridad y la efectividad de un sistema que debería ser el pilar de la justicia en el país. Los muros que decoran la SCJN podrían convertirse en un recordatorio de lo que está en riesgo: la esencia misma de la justicia y su capacidad de responder a los anhelos de la sociedad.
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