La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) evaluará iniciar acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra del decreto presidencial para regularizar vehículos usados que ingresan de manera ilegal, principalmente de Estados Unidos, y conocidos como “chocolate”.
Tras la firma del decreto, este sábado en Ensenada, Baja California, la agrupación del sector privado dijo que valorarán proceder legalmente cuando se publiquen los lineamientos del decreto de regularización, una medida que, acusó la AMDA, formaliza la corrupción.
El ordenamiento presidencial deberá publicarse en el Diario oficial de la Federación y aplicará para Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hasta donde se conoce, los dueños inscribirán sus unidades en un registro y pagarán un derecho o contribución de dos mil 500 pesos por cada una, recursos que, según el Gobierno federal, se usarán para mejorar las vialidades en la zona fronteriza.
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“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, reclamó la AMDA este domingo.
El organismo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador refundar el Registro Público Vehicular (Repuve) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el trámite, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y estructurar los procedimientos de control vehicular federales y locales.
Consideró que desde la aprobación de la Ley del Repuve en septiembre de 2004 y hasta ahora no ha cumplido con sus responsabilidades. “La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”.
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En el anuncio del sábado, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que uno de los objetivos del decreto presidencial es evitar que se comentan delitos con estos vehículos. Como ejemplo mencionó que eran irregulares 78 por ciento de las 370 unidades involucradas en algún ilícito y decomisadas en Baja California entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 agosto de 2020.
En la legislatura pasada, en septiembre de 2019, el senador morenista por Baja California, Ricardo Velázquez Meza, presentó una iniciativa para regularizar cerca de cinco millones de automóviles de procedencia extranjera. Pero meses antes, la propuesta había sido planteada por Fidel Villanueva, el presidente de la Organización para la Protección de los Mexicanos (Anapromex), dedicada a gestionar ante las autoridades la regularización de los autos y tramita a sus afiliados permisos para evitar que les decomisen las unidades internadas al país desde el extranjero.
Según cálculos de esa asociación, la legalización de cinco millones de autos de este tipo, con un año modelo no mayor a 2014, dejaría a las arcas públicas 20 mil millones de pesos por recaudación de impuestos.
