Dos años han pasado desde que el feminicidio atroz de Ingrid Escamilla acabó con la dignidad de la joven dos veces. Una cuando su asesino la descuartizó; y la otra cuando la policía de Ciudad de México difundió las imágenes de su cadáver y varios medios publicaron la noticia en portada. Desde entonces su caso puso el foco en la difusión de imágenes de víctimas y en los esfuerzos por prohibir la revictimización de las mujeres asesinadas y sus familias.
También puso a la sociedad frente al espejo del morbo y el consumo desmedido de una extrema violencia con la que cada día desayunan millones de personas. La difusión de las imágenes del cuerpo de Escamilla generaron tal indignación que hubo numerosas protestas feministas frente a algunos de los periódicos que utilizaron su imagen. Entre ellos, Metro de Grupo Reforma y La Prensa. La Cámara de Diputados ha aprobado este miércoles una reforma al Código Penal para castigar la distribución de estas imágenes hasta con 10 años de prisión.
Aunque el feminicidio de Escamilla sigue atascado en las entrañas de la Fiscalía de Ciudad de México por falta de pruebas, la decisión de la Cámara baja de cambiar el artículo 225 del Código Penal Federal supone un avance al castigar a los funcionarios públicos y ciudadanos que “fotografíen, difundan, distribuyan, publiquen o comercialicen imágenes, audios, documentos o cualquier tipo de información personal de la víctima de una investigación penal”, en especial, de un feminicidio.
El cambio en la legislación federal ha sido bautizado como ley Ingrid, una medida que ya fue aprobada en la capital en 2021. La ley sanciona la filtración de información de las víctimas, una práctica muy extendida entre policías y funcionarios públicos, pero también penaliza a ciudadanos y medios de comunicación que fuera de los supuestos contenidos en la ley utilicen esas imágenes para su beneficio.
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Laura Imelda Pérez Segura, la diputada del partido Morena que ha presentado la iniciativa, ha señalado que la Ley Ingrid busca acabar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México. Las sanciones que plantea la reforma serán mayores en un 33% si la difusión tiene que ver con contenido de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Pérez Segura ha agregado que difundir este material contribuye al aumento de este tipo de delitos contra las mujeres, con más de un 95% de impunidad. “Es indispensable marcar un antes y un después [del caso de Ingrid Escamilla]. Que se tipifiquen y castiguen esas conductas que tiene la intención de causar perjuicio, especialmente contra mujeres víctimas de feminicidio”, ha dicho la diputada.
La medida representa un paso más para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, el rezago de la justicia y la impunidad que nace de las investigaciones de los delitos siguen lastrando la violencia machista en México. Cada día son asesinadas 10 mujeres en el país y la cifra lejos de reducirse, crece cada año. Más de 3.000 mujeres fueron asesinadas en 2021.
De esos homicidios, alrededor de un tercio fueron clasificados como feminicidios. El caso de Ingrid Escamilla, por ejemplo, todavía no ha llegado a la etapa de juicio oral contra su asesino y las audiencias se han retrasado por la pandemia. La Fiscalía local investigó en su momento a seis agentes tras la filtración de las imágenes y procesó por ello a uno de los primeros policías que llegó a la escena del crimen: fue apartado de su cargo y acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
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