La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), tras detectar operaciones por 8,870 millones de pesos entre 2014 y 2026, concentradas en dos grupos empresariales1, 2, 3.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó ante la Cámara de Diputados que la ASF identificó esquemas de triangulación de recursos, vínculos entre empresas y funcionarios públicos, y proveedores con registros laborales reducidos o nulos1, 2, 3.
Lo que había pasado: El 23 de octubre de 2026, la ASF inició una investigación de oficio sobre el INE por indicios de irregularidades, conflictos de interés y triangulación de recursos en contrataciones (La ASF investiga al INE por presuntas irregularidades y triangulación de recursos). El 26 de octubre de 2026, se reportó que la UIF y la ASF indagaban posibles irregularidades y corrupción en contratos por más de mil millones de pesos entre empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas y organismos electorales estatales (Investigan contratos millonarios de OPLES con empresas ligadas a Hernández Casillas).
Cómo operaban los esquemas detectados
La ASF identificó que algunas empresas investigadas facturaron cientos de millones de pesos a pesar de contar con menos de cinco trabajadores registrados, y en algunos casos ninguno1, 2, 3. Uno de los mecanismos señalados fue la subcontratación entre empresas del mismo grupo empresarial: compañías que ganaban licitaciones subcontrataban a otras que participaron en el mismo concurso y que también pertenecían al grupo señalado1, 2, 3.
Estas operaciones suman 21.3 millones de pesos1, 2, 3. Además, una de las compañías investigadas aparece suspendida del padrón de proveedores o de importadores, según los reportes2, 3.
Montos y alcance de la investigación
El INE habría firmado contratos con las compañías investigadas por 430 millones de pesos, equivalentes al 11.3% del monto total2.
La investigación cubre a todos los organismos electorales locales, empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los hechos1, 2, 3. Entre los estados involucrados se encuentra Yucatán, con contratos por 151.1 millones de pesos2.
Prácticas bajo escrutinio y nuevos métodos de auditoría
La ASF investiga si las operaciones detectadas implicaron acuerdos entre proveedores, simulación de operaciones, sobreprecios o prácticas que limitaran la competencia en las contrataciones públicas1, 2, 3.
El auditor superior explicó que, a diferencia de años anteriores, ahora se realiza una auditoría integral al INE correspondiente a la Cuenta Pública 2025, lo que implica revisar el 100% del gasto ejercido y no solo una muestra1.
Próximos pasos y coordinación institucional
También se solicitó información directamente a los 32 organismos electorales sobre sus operaciones desde el año 20001.
El auditor superior afirmó que la investigación se desarrollará con independencia, objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso2.
Versiones de los hechos
- El estatus de una de las empresas investigadas: Una de las compañías aparece suspendida del padrón de proveedores2; Una de las empresas analizada se encuentra suspendida del padrón de importadores3.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Aristegui Noticias.
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