La Asociación Mexicana de Bebidas, conocida como MexBeb, ha manifestado su oposición al incremento en el precio de las bebidas azucaradas, señalado como una medida ineficaz y desigual. En un comunicado, expresaron que la propuesta de aumentar a 3.0818 pesos la cuota por litro de bebidas saborizadas no aborda de manera adecuada la complejidad del problema de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENTs).
Se argumenta que esta iniciativa no solo incrementa un gravamen existente, sino que también introduce un nuevo impuesto sobre las bebidas que incluyen edulcorantes no calóricos. Esta medida, según MexBeb, podría desincentivar la innovación y la reformulación de productos más saludables, limitando así la variedad en el mercado.
La problemática del sobrepeso y la obesidad es multidimensional y requiere una estrategia integral. Sin embargo, el impuesto propuesto no parece cumplir con los objetivos planeados en materia de salud pública. Investigaciones de la ONU indican que la implementación de impuestos sobre bebidas azucaradas no ha demostrado tener un impacto significativo en los patrones de consumo ni en la mejora de la salud de la población.
Datos del INEGI respaldan esta postura, al mostrar que no existe una correlación directa entre el consumo de refrescos y el aumento de los índices de obesidad en los últimos 30 años, período durante el cual el consumo per cápita de refrescos permaneció estable, mientras que los niveles de sobrepeso aumentaron.
Desde un punto de vista socioeconómico, la imposición de este gravamen podría llevar a un aumento en los precios al consumidor de entre un 10% y un 15%, lo que impactaría negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. El encarecimiento de la canasta básica podría limitarnos considerablemente, además de desincentivar la inversión y la producción, afectando el crecimiento económico del país.
Es imperativo considerar estos puntos en el contexto de esfuerzos más amplios por abordar cuestiones de salud pública y desarrollo económico en México. Las propuestas deben estar respaldadas por evidencia sólida para asegurar que se aborden de manera efectiva los retos que enfrentan los ciudadanos en materia de salud y bienestar.
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