El reciente Paquete Económico 2026, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un fuerte debate debido a un incremento histórico del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las bebidas azucaradas, que pasará de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. Esta medida busca recaudar más de 75,000 millones de pesos, lo que equivale a un aumento del 73.8% en comparación con lo estimado para este año. Aunque este impuesto se justifica como una estrategia para mejorar la salud pública frente a problemas como la obesidad y la diabetes, la realidad es más compleja y revela aspectos culturales y estructurales que una simple alza en precios no puede resolver.
La directora de operaciones en The Hunger Project México, Diana Delgadillo, señala que la efectividad del impuesto en la reducción del consumo ha sido limitada. En México, solo un 8% de la población ha disminuido su ingesta, en contraste con países europeos donde este tipo de impuesto ha logrado reducciones del 20%. Ella añade que una de las raíces del problema es que, en numerosas comunidades, el refresco resulta más barato que el agua. Por ejemplo, un litro y medio de agua embotellada puede costar 25 pesos, mientras que un refresco de tres litros y medio se vende a 30 pesos. Esta disparidad se torna crítica en épocas de sequía, donde las familias pueden llegar a gastar hasta 5,000 pesos en pipas de agua no potable, utilizándola principalmente para otras necesidades que no son el consumo.
Más allá del costo, hay una dimensión cultural. En múltiples comunidades, el refresco se ha convertido en un símbolo de estatus. Delgadillo destaca que poseer refrescos indica que se tiene dinero, y el azúcar contenido en estas bebidas es percibido como fuente de energía. La falta de una política alimentaria integral que garantice el acceso al agua potable como un derecho humano perpetúa la situación, ya que mientras no haya infraestructura adecuada, el consumo de refrescos seguirá siendo la opción predominante.
Por su parte, el Dr. Omar Cruz, sociólogo y activista indígena, refleja sobre cómo el refresco, aunque no es parte de las tradiciones originarias, ha logrado integrarse en la vida comunitaria. En lugares como San Juan Chamula, Chiapas, el consumo de refrescos se ha elevado a niveles sorprendentes: hasta 850 litros por persona al año. Este contexto lleva a una profunda reflexión acerca de la necesidad de infraestructura adecuada y la valoración de las bebidas culturales tradicionales.
Desde la perspectiva del sector empresarial, Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), ha criticado este aumento del IEPS, argumentando que afecta desproporcionadamente a los consumidores de menores ingresos y que no se traduce en mejoras significativas en la salud pública. A su juicio, el impuesto impacta solo el 5% de las calorías consumidas en el país, mientras que el consumo de refrescos se ha mantenido estable durante las últimas tres décadas, incluso con un concomitante aumento en los índices de obesidad y diabetes.
Este incremento al IEPS no solo abre un debate fiscal; expertos como Delgadillo y Cruz coinciden en que el desafío real es garantizar el acceso al agua potable y abordar la desigualdad que permea en el país. Por otro lado, la industria defiende que tales medidas no beneficiarán la salud pública y sí afectarán negativamente a la economía de los consumidores y pequeños comerciantes.
En resumen, la polémica alrededor del IEPS en las bebidas azucaradas plantea interrogantes profundas sobre la salud pública, la economía y las dinámicas culturales en México, un país donde el acceso a recursos básicos como el agua sigue siendo un desafío crítico. La información aquí presentada corresponde a la fecha de publicación original, el 11 de septiembre de 2025.
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