El aumento de la inflación y el encarecimiento de los materiales de construcción tras la guerra en Irán han provocado que cada vez más empresas eviten participar en licitaciones públicas en España, especialmente a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos1.
Entre enero y agosto de 2026, el volumen de contratos públicos adjudicados con un solo licitador alcanzó los 976 millones de euros, cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el número de obras públicas desiertas se ha disparado1.
Contratos desiertos y menos competencia
La falta de competencia en la contratación pública española se refleja en el aumento de contratos adjudicados con un solo postor y en el número de licitaciones que quedan desiertas, es decir, sin ninguna empresa interesada en ejecutarlas1. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en el primer semestre de 2026 quedaron desiertos casi tantos contratos de obra pública como en todo 2025, con un incremento del 16% respecto a los peores momentos de la invasión de Ucrania1.
En promedio, unas 188 obras al mes se quedan sin constructor, siendo Catalunya una de las comunidades autónomas más afectadas por este fenómeno. Entre los mayores contratos desiertos destacan uno del Port de Barcelona y otros dos de los ayuntamientos de Sabadell y Manresa1.

Causas: inflación y encarecimiento de materiales
El principal motivo de este fenómeno es la elevada incertidumbre derivada de la inflación y del aumento de los precios de los materiales, agravados por la guerra en Irán y las tensiones en Oriente Próximo1. La inflación en España alcanzó el 4,9% en septiembre de 2026, mientras que el precio del barril de petróleo superó los 115 dólares y el gas batió los 90 euros por megavatio hora, máximos desde 20221.
Los materiales bituminosos utilizados para asfaltar carreteras han subido un 33% en octubre, el aluminio un 19%, el acero un 18% y los materiales cerámicos un 12%, según datos de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)1.
Reclamos del sector y respuesta institucional
Las empresas constructoras reclaman que se reconozca en los contratos ya firmados el aumento de costes de los materiales, como ocurrió en 2022 tras la invasión de Ucrania, cuando el Gobierno permitió revisiones excepcionales de precios mediante un real decreto-ley1. Actualmente, las ayudas se concentran en productos energéticos y no en materiales de construcción, lo que ha llevado a las empresas a pedir una nueva norma que obligue a comunidades autónomas y ayuntamientos a actualizar los precios1.
Las adjudicaciones estatales y de empresas públicas como Aena o Adif sí contemplan revisiones, pero el problema se concentra en los contratos de administraciones autonómicas y locales1.
Por qué importa en España
El aumento de contratos desiertos y la falta de competencia en la contratación pública afectan directamente al mantenimiento de infraestructuras y al despliegue de fondos europeos en España1.
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Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por La Vanguardia.






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