La crisis hídrica que enfrenta México es un tema que va más allá de la mera falta de agua o infraestructura. Durante el reciente coloquio “Los retos sobre el agua en México”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialistas advirtieron que las relaciones de poder juegan un papel crucial en el acceso al recurso hídrico. Este evento, realizado en el Centro Cultural Casa Rafael Galván, permitió profundizar en las complejas dinámicas que subyacen a esta problemática.
Academicos como Pablo Castro Domingo, investigador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la UAM, resaltaron que, si bien el cambio climático agrava la disponibilidad de agua, es la desigualdad en su distribución y las estructuras de gestión establecidas las que intensifican conflictos sociales y ambientales en diversas regiones del país. Castro enfatizó que los sectores más poderosos, tanto económicos como políticos, tienden a obtener concesiones prioritarias para el uso del agua, mientras que comunidades, agricultores y otros grupos enfrentan restricciones severas en su acceso.
Ante esta realidad, es crucial destacar que, aunque el Estado mantiene la rectoría sobre las aguas nacionales, conforme al Artículo 27 Constitucional, existe una constante lucha por el control de manantiales, ríos y pozos entre industrias, autoridades locales y organizaciones comunitarias. Esta disputa no solo refleja la falta de acceso equitativo al agua, sino que también eleva las tensiones en territorios que deberían ser compartidos por todos.
Francisco Javier Peña de la Paz, académico en El Colegio de San Luis, propuso una concepción del agua como un territorio habitado, más que como una mera mercancía. Desde esta perspectiva, las transferencias de agua entre cuencas no solo perjudican ecosistemas y economías locales, sino que también alteran las relaciones sociales, concentrando recursos hídricos en zonas industriales y marginalizando a comunidades rurales.
La discusión incluyó cuestionamientos sobre la eficacia de grandes obras hidráulicas, las cuales se presentan como soluciones únicas ante las sequías. Estas intervenciones, según algunos expertos, favorecen modelos de gestión centralizada que desestiman soluciones locales más efectivas, como la conservación de humedales, el saneamiento de ríos y la revitalización de sistemas de abastecimiento comunitario.
Diana Birrichaga Gardida, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), vinculó la actual escasez de agua con desequilibrios institucionales, esquemas de concesiones y la disminución del poder comunitario en la gestión del recurso. Es fundamental reconocer que la crisis hídrica no es solo un fenómeno ambiental, sino también el resultado de decisiones políticas que han desatendido las necesidades de las comunidades más vulnerables.
Finalmente, Jacinta Palerm Viqueira del Colegio de Postgraduados, y otros académicos abordaron la evolución histórica de los comités rurales y el impacto de las políticas sanitarias en el desarrollo de sistemas comunitarios de agua potable. En este contexto, Víctor Daniel Ávila Akerberg, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, presentó proyectos de investigación enfocados en la conservación del Bosque de Agua y la restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Como se observa, la crisis hídrica en México es un tema multifacético que requiere un análisis profundo y una respuesta coordinada que contemple no solo la infraestructura, sino también la equidad en el acceso y la participación comunitaria. Sin duda, abordar estas cuestiones no solo es una cuestión de justicia ambiental, sino también una necesidad urgente para garantizar el futuro de las generaciones venideras.
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