El desarrollo de infraestructura carretera en México está avanzando significativamente, impulsado por la colaboración entre el gobierno federal y el sector privado. A principios de abril, Banobras anunció la contratación de Infra and Capital Partners como asesor económico-financiero para el proyecto del Corredor del Golfo de México, que se implementará bajo un modelo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (C-MRO). Este ambicioso proyecto requerirá una inversión aproximada de 40,000 millones de pesos.
El Corredor del Golfo surge de una propuesta no solicitada presentada por Mota-Engil México a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el 28 de enero. Este plan abarca ocho tramos que suman 513.8 kilómetros en Tamaulipas, y su principal objetivo es optimizar el intercambio comercial con Estados Unidos, facilitando los flujos logísticos desde el sureste y centro del país.
Banobras detalla que el proyecto aprovechará las concesiones carreteras existentes y se enfocará en mejorar la red libre actual. Esto incluye la construcción de nuevos tramos; un ejemplo notable es el Libramiento Sur de Tampico, que tendrá una longitud de 8.4 km, además de abordar cuellos de botella existentes en la infraestructura.
El esquema propuesto, contemplado bajo concesión a favor del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), recibió la aprobación de la SICT. Una vez completado el análisis de su viabilidad, esta infraestructura se convertirá en candidata a recibir financiamiento privado a través del servicio C-MRO, lo que a su vez ayudará a mejorar la calidad y capacidad de las carreteras.
La necesidad de diversificar las rutas logísticas es crítica. El actual corredor México-Nuevo Laredo (Mex 57) enfrenta serios problemas de saturación, lo que incrementa los costos logísticos y dificulta el paso de vehículos por áreas urbanas. La inexistencia de libramientos continuos y la falta de infraestructura adecuada en la zona metropolitana de Tampico son desafíos que deben ser resueltos.
Siguiendo el proceso, en febrero la SICT trasladó la propuesta del Corredor a Fonadin para su análisis. El comité técnico del fondo, el 10 de marzo, autorizó hasta seis millones de pesos para la contratación de asesores económicos-financieros, lo que llevó a la elección de Infra and Capital Partners. Sus responsabilidades incluyen la revisión del proyecto y la creación de un modelo financiero que considere plazos de 20, 25 o incluso 30 años para evaluar su viabilidad. En caso de ser viable, se estructurará el proyecto bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP).
Este contrato, firmado el 8 de abril, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye dos fases de trabajo. Otras firmas como KPMG Cárdenas Dosal y LCA Prestadora de Servicios también expresaron interés, pero sus propuestas económicas no fueron competitivas.
Además del Corredor del Golfo, están en consideración otros proyectos de infraestructura bajo el modelo C-MRO, incluyendo tramos relevantes como Tihuatlán-Tuxtla, Puebla-Acatzingo, Tulancingo-Nuevo Necaxa, Tepalcapa-Tepotzotlán, y Las Varas-Platanitos.
Los proyectos bajo la modalidad C-MRO no son concesiones tradicionales; se trata de contratos de corto o mediano plazo en los que el sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos. Son concebidos como autofinanciables y se promueve la participación de Banobras y la banca comercial en su financiamiento, previniendo así el deterioro de las autopistas a través de estándares rigurosos de conservación, junto con un supervisor independiente que asegura el cumplimiento de los contratos.
Este avance en infraestructura carretera no solo revitaliza la conectividad en el norte del país, sino que también promete fortalecer la competitividad logística de México, un imperativo esencial para atraer inversiones y asegurar un crecimiento sostenido en el comercio internacional.
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