El Ayuntamiento de Marbella lleva años instalado en un bucle. Rara es la temporada en que la palabra corrupción no sobrevuela la ciudad malagueña con el urbanismo como principal caballo de batalla. Es justo el cóctel que desvelaba la Audiencia Nacional hace unos días en un auto de procesamiento en el que aparecen como investigados por blanqueo de capitales y narcotráfico Lars Gunnar Sune Broberg y Joakim Broberg, marido e hijastro, respectivamente, de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP). El sumario del caso profundiza más. Los investigadores destacan en un informe dirigido al juez las relaciones de Joakim Broberg con varios narcotraficantes de su país. También sus conexiones con las “altas esferas” de la Costa del Sol o su vinculación al puesto de responsabilidad en el Ayuntamiento de Marbella. Igualmente, destaca su influencia en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas “debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, afirma el documento policial.
Ni la investigación ni el informe realizado por la Policía Nacional para el juez mencionan a Muñoz más allá de para aclarar que es la esposa de Lars Broberg, de 79 años, y la madrastra de Joakim Broberg, de 49 años. Pero los policías, a partir de sus pesquisas y la interpretación que realizan de las conversaciones telefónicas intervenidas, sí que creen que el hijastro de la alcaldesa, nacido en Estocolmo, utiliza sus influencias políticas en beneficio propio, tanto en Marbella como en Benahavís, “pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. En las conversaciones telefónicas, el sueco se jacta del poder de los suyos: “Tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”, aseguraba a un compatriota.
Broberg, que aparece en los papeles de Panamá y según sus conversaciones telefónicas tiene también nacionalidad estonia, fue detenido el 23 de abril de 2021 en Brasil y pasó casi cinco meses en prisión. Para el juez Manuel García-Castellón es uno de los “jefes” de una red “criminal” que fijó “su base de operaciones” en Marbella. Desde allí se ocupaba “de mantener los contactos con los proveedores y los clientes” y, según el auto, también contactó con otros miembros de la red criminal como Velimir Dimitrov y Nikola Jankovic. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado señalaron en su informe que Broberg se relaciona igualmente con Anders Nilsson e Ivan Cicak, a los que considera como “reconocidos narcotraficantes”, desde el año 2018. “La figura de Joakim representa un valor”, según reflejaba el documento procesal, “por su conocimiento del negocio inmobiliario en la zona y sus influencias en la ciudad de Marbella”.
A Joakim Broberg se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. A su padre —que fue detenido el 9 de febrero de 2021, cuando quedó también en libertad provisional— el magistrado le atribuye los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales procedente de la droga, ya que según el auto de procesamiento del pasado 29 de septiembre ayudaba a su hijo a blanquear el dinero negro originado por la venta de droga. La causa contra él, sin embargo, se ha paralizado de manera provisional debido a su estado de salud. En la operación en la que ambos fueron arrestados también lo fueron otras 70 personas, entre ellas Chiab Lamouri, uno de los delincuentes más peligrosos de Suecia.
Motivo para dimitir
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Además, elDiario.es publicó esta semana unos correos electrónicos que muestran a la alcaldesa de Marbella supuestamente participando en la adjudicación de unas obras municipales a Codecosol, empresa propiedad de Nils Fischer, uno de los empresarios suecos procesados, junto a los Broberg, por la Audiencia Nacional; un nuevo terremoto para la política local, cada vez más crispada. Los plenos municipales vuelven a estar protagonizados por cruces de acusaciones de corrupción con las condenas por la Operación Malaya resonando como mar de fondo. Y el sector más crítico de Marbella cree que la implicación de los familiares de la alcaldesa con mafias de narcotráfico “es motivo para que pidiera perdón y dimitiera”. En el Ayuntamiento ni se lo plantean.
En los correos electrónicos publicados, la alcaldesa marbellí recibe supuestamente el presupuesto de una obra de una empresa por parte de su marido, ella lo reenvía al concejal de obras y, finalmente, la compañía recibe la adjudicación de los trabajos (como haría en otras ocasiones, sin concurso, por valor de 640.000 euros). Javier García, hoy teniente de alcalde de San Pedro Alcántara (localidad del municipio de Marbella) y concejal de obras cuando se concretaron esos contratos, asegura que todo el procedimiento se hizo siguiendo la ley y ha reiterado que Muñoz no tiene “absolutamente nada que ver” con esos procesos. Los documentos, de hecho, ya fueron presentados en 2017 a la Fiscalía por parte del PSOE de Marbella, pero el fiscal archivó el caso porque no halló indicio de delito. “Si esas compañías los cometieron después, es cosa suya”, afirman fuentes municipales, que muestran hartazgo ante las “cíclicas” denuncias de corrupción por parte del PSOE local.
En el Ayuntamiento creen que los correos han vuelto a salir a la luz por motivos electorales. “Esto es una campaña orquestada del PSOE para someter a un linchamiento claro a la alcaldesa de Marbella”, ha criticado esta semana Enrique Rodríguez, portavoz del PP local. El portavoz municipal, Félix Romero, también retó a la prensa a encontrar alguna vinculación del Consistorio en el auto de procesamiento. Luego aseguró que la información publicada por distintos medios sobre la presunta adjudicación de obras municipales a empresas ligadas en la trama de blanqueo se estaba sacando de contexto. Y más tarde lanzó una advertencia: “Quien levante falso testimonio contra un cargo o vincule falsamente al Ayuntamiento con cualquier trama delictiva, si lo hace y es falso, debe atenerse a las consecuencias”. Los populares insisten en que no existe ninguna relación del Ayuntamiento con la trama destapada por la Audiencia Nacional, salvo el de un policía local que ya ha sido expedientado.
En las filas del PSOE creen que en el PP hay nerviosismo por la investigación de la Audiencia Nacional. El secretario general en Andalucía, Juan Espadas, ha pedido a la alcaldesa y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que den explicaciones después de que vuelva a ver en Marbella “la corrupción al más alto nivel y tramas ligadas con el narcotráfico y blanqueo de capitales”. Este miércoles, además, los socialistas han criticado que la Mesa del Parlamento haya “vetado” que se debata una iniciativa en la que pedían explicaciones sobre el procesamiento de los familiares de la alcaldesa.
Los populares, por su parte, muestran tranquilidad y confirman a Muñoz como próxima candidata a la alcaldía de Marbella, cargo en el que lleva desde 2007, salvo un paréntesis entre 2015 y 2017, cuando fue alcalde el socialista José Bernal. El propio secretario general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha subrayado que el objetivo de las “falsas polémicas” son “desviar la atención” de la “loable gestión llevada por Ángeles Muñoz y por el PP” en una Marbella que no termina de desligarse de la sombra del gilismo.
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