El presidente boliviano, Luis Arce, pidió el pasado fin de semana al Parlamento la derogación de una ley con el objetivo de contener el paro y las protestas que lo presionan desde el 8 de noviembre. La Asamblea Legislativa comenzó el trámite el lunes. Sin embargo, esto no ha conseguido desmovilizar completamente a los opositores. El paro continúa, aunque de una forma más laxa, en tres regiones de las nueve del país. La alianza de sindicatos y grupos cívicos (regionales) que lo encabeza exige además la retirada de otras leyes y que se reponga el requisito de la mayoría de dos tercios para algunas decisiones parlamentarias.
“Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, hemos tomado la decisión de abrogar la ley 1386, a objeto de allanar el camino, para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando y paralizando nuestra dañada economía”, dijo Arce ante la televisión. Explicó que esta ley, que establecía la estrategia boliviana contra la legitimación de ganancias ilícitas (o lavado de dinero), “estaba inquietando a ciertos sectores”, en particular a los empresarios del sector informal (o en negro) de la economía, comerciantes, transportistas y mineros cooperativistas. Afirmó que, al mismo tiempo, estaba siendo usada por los opositores para desestabilizar al Gobierno.
Varios sindicatos que estaban envueltos en el conflicto
Anunciaron que suspenderían sus medidas de presión cuando el trámite de abrogación concluyera. En cambio, los cívicos de Santa Cruz, Potosí y Tarija, las regiones en la que el paro se ha sentido más contundente, quieren obtener otras concesiones gubernamentales. “Nosotros podríamos haber levantado el paro, pero el pueblo boliviano ha despertado y está pidiendo la abrogación total del paquete de leyes. Tenemos que resistir, nos estamos jugando nuestra última carta de libertad y democracia”, arengó en un mitin barrial el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El “paquete de leyes” al que hizo referencia incluye las principales normas aprobadas por la legislatura en el periodo de Arce, que, según la oposición, son una amenaza para la propiedad privada, la autonomía de las regiones y las libertades democráticas.
Los cívicos también exigen que se reponga la obligación de reunir dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para activar determinados procedimientos de debate y tomar decisiones como los ascensos militares y la designación de embajadores. Este requisito fue eliminado en los últimos días de la anterior legislatura, en octubre de 2020, cuando el oficialista Movimiento al Socialismo ya sabía que en la siguiente legislatura perdería la mayoría de dos tercios que había tenido hasta entonces.
Ninguna ley cuestionada
Para el oficialismo, ninguna de las leyes cuestionadas, ni siquiera la que se derogará, afecta a las garantías constitucionales de propiedad y libertad política, ni tampoco menoscaba las atribuciones autónomas de las regiones. En la interpretación gubernamental, los opositores aprovechan su control de los principales medios de comunicación para diseminar falsas noticias con el propósito de intranquilizar a la gente, llevarla a las calles y crear las mismas condiciones políticas que enmarcaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. “La desconfianza está instalada por los traumas de lo sucedido en 2019. La oposición ve todo lo que hace el Gobierno como peligroso para la democracia y el Gobierno piensa que la oposición solo actúa para repetir un golpe de Estado”, opina el analista Armando Ortuño.
“Todo tiene su límite. Que no despierten la ira del inca. Cuando el pueblo se levanta no hay quién nos pare, y nosotros vamos a levantarnos para defender la democracia” reaccionó el vicepresidente indígena David Choquehuanca tras enterarse de que los comités cívicos seguirían con las movilizaciones pese a la abrogación de la ley. La expresión dio lugar a toda clase de memes y chistes, algunos racistas, en las redes sociales, y a una airada respuesta desde Santa Cruz. En el cabildo cívico del domingo por la noche, una pastora evangélica exclamó: “No le tememos a la ira del inca, témale usted, vicepresidente, a la ira de Dios”.
Las actividades se detienen y se reactivan episódicamente
En las ciudades que siguen en huelga las actividades se detienen y se reactivan episódicamente, siguiendo las órdenes de los comités cívicos para permitir el descanso y reabastecimiento de los hogares. Ortuño cree que “no hay que dramatizar” la situación, que esta muy lejos de parecerse a la crisis de 2019. La mayoría de las otras demandas de los cívicos difícilmente movilizarán a sectores sociales por objetivos específicos. La excepción es una ley que está siendo interpretada por las universidades públicas como contraria a su autonomía y su presupuesto.
Esta norma podría motivar el próximo round de la pelea entre Arce y sus adversarios. Algunos analistas señalan que la marcha atrás del presidente en su primer enfrentamiento serio con las fuerzas que estuvieron detrás de la caída de su partido hace dos años presenta a su Gobierno como débil y puede llevar a una oposición triunfante a apostar más fuerte en el futuro.
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