La Amazonia es mucho más que el “pulmón del planeta” y se ha visto amenazada por las altas tasas de deforestación y degradación, perdiendo cerca de un millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de su superficie. Sin embargo, son algunas zonas las principales protagonistas de dicha crisis, en este caso, Brasil y Bolivia concentran el 90% de la deforestación y degradación combinadas.
Como resultado, la sabanización, proceso que lleva a un ecosistema a convertirse en llanuras con pocos árboles o muy distanciados entre sí, ya se está produciendo en ambos países, de acuerdo con el informe La Amazonia a contrarreloj: un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025, dado a conocer este lunes, en Lima, Perú, en la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
La investigación, dada a conocer por líderes indígenas amazónicos e investigadores, aborda la problemática a nivel nacional en los nueve países de la cuenca y evidencia que el 34% de la Amazonia brasileña ha entrado en un proceso de transformación, al igual que el 24% de la Amazonía boliviana, seguido por Ecuador con el 16%, 14% en Colombia y 10% en Perú, que son los países con mayores índices. Asimismo, la sabanización ya es una realidad en el sureste de la región, principalmente en Brasil y Bolivia. Ambas naciones comparten las invasiones o avasallamientos como causa central de la deforestación. Esta problemática pone en el centro de las soluciones a los Estados y sus marcos legales.
La Amazonia se encuentra a puertas de la “destrucción irreversible del ecosistema” debido a las altas tasas de pérdida y perturbación de la selva que, combinadas, ya alcanzan el 26% de la región. Sin embargo, el 74% restante, 629 millones de hectáreas de áreas prioritarias siguen en pie y requieren protección inmediata. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) conceptualiza a la Amazonía como un ecosistema integral que cubre un área de investigación de 847 millones de hectáreas. “Sin saberlo, comemos, nos transportamos y nos vestimos con productos que destruyen a la Amazonía. No podemos darnos el lujo de perder una hectárea más. El futuro de la Amazonía es una responsabilidad de todos”, dijo Alicia Guzmán, representante de Stand.Earth, una de las coordinadoras que forma parte de la coalición “Amazonia por la Vida”.
Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, dependiente de la Agencia Espacial Brasileña, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31.513 alertas de incendios en la Amazonia, convirtiendo al pasado agosto en el peor desde 2010, cuando las quemas ascendieron a 45.018 en todo el mes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que el incremento de los incendios fue causado por eventos naturales o por las comunidades indígenas, según dio a conocer en una entrevista con Globo TV el pasado 22 de agosto.
“En Brasil somos testigos de un Gobierno con una política de Estado frontalmente antiindígena que intenta, de todas las maneras posibles, legalizar lo ilegal. La destrucción y codicia desenfrenada a nuestros territorios ancestrales, nuestra Amazonia, en el norte del país, es la cara visible de la histórica violación de derechos a los que nosotros estamos sujetos hace décadas”, dijo Nara Baré, ex coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
Según el mismo informe, desarrollado desde 2021 por la RAISG —con datos desde 1985 a 2020—, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación en la Amazonia. La deforestación causada por la ganadería en la selva amazónica representa casi el 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) anualmente. La mayor parte de la actividad ganadera en el mundo tiene lugar en Brasil.
La investigación también señala que el 66% de la Amazonia está sujeta a algún tipo de presión fija o permanente. Apunta a que donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores “legales” y en sitios donde la presencia gubernamental es débil, se presentan impulsores “ilegales”. Los territorios indígenas y áreas protegidas no están al margen de esta realidad. “Los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado de las poblaciones que habitan la región”, señala el documento.
Otro dato que no es menor, presente en el informe, es que entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 líderes comunitarios indígenas fueron asesinados en la región por disputas por la tierra y recursos naturales. En 2020, esta tendencia se mantuvo. Mientras que, en 2021, un tercio de todas las violaciones registradas en las Américas fueron contra defensores de los derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas. Debido a la alarmante situación de violencia en la región, el pasado julio, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que condena las políticas de derechos humanos del presidente brasileño y denuncia la creciente violencia contra defensores, indígenas, minorías y periodistas en Brasil, incluido el asesinato de Dom Philips y Bruno Pereira.
“Existe una correlación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos a líderes y lideresas indígenas, defensores de nuestros territorios. Hemos corroborado que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar el 80% de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025″, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena y coordinador general de la COICA.
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