La Comisión Europea quiere acabar con los conflictos de intereses de las empresas e instituciones que acuden a licitaciones de trabajos que ayudan a los eurodiputados en la elaboración de la normativa comunitaria. Bruselas se ha puesto manos a la obra y ha actualizado su definición de conflicto de intereses, para poder rechazar en las licitaciones de contratos a aquellas ofertas que puedan dar lugar a duda.
El origen de este cambio normativo tiene nombre propio: BlackRock. La mayor gestora de fondos de inversión del mundo, con un volumen de activos bajo gestión de 10 billones de dólares (8,73 billones de euros), resultó la ganadora de un contrato para elaborar un informe sobre la exposición del sector financiero a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) destinado a ayudar a los eurodiputados a integrar la sostenibilidad en la normativa prudencial bancaria europea. El documento, que resultó muy crítico con el sector, provocó una airada reacción por parte del Defensor del Pueblo Europeo por la conexión de BlackRock con las entidades financieras y por sus inversiones en activos fósiles. Si bien es cierto que desde 2020 está comprometida con la sostenibilidad medioambiental, la gestora amasaba inversiones en industrias marrones por importe de 85.000 millones de dólares el año pasado.
BlackRock cuenta con una elevada presencia dentro del accionariado del sector financiero. En el caso español, ostenta un 5,426% del capital de Santander, un 5,917% de BBVA, un 3,211% de CaixaBank y un 4,991% en Sabadell, que a valor de mercado alcanzan un valor de unos 5.100 millones de euros. Pero también está presente en el accionariado de Société Générale, Deutsche Bank o BNP Paribas.
La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, criticó con vehemencia que el Ejecutivo comunitario “debería haber sido más vigilante a la hora de verificar” que la gestora de fondos “no estaba sujeta a un conflicto de intereses que pudiera afectar negativamente a la ejecución del contrato”.
Más allá, alertó de que la oferta de BlackRock era una “excepcionalmente baja”, dado que pujó por el trabajo por 280.000 euros, aunque el presupuesto de la Comisión Europea era de 550.000 euros. Un punto que la defensora del pueblo comentó que “podría percibirse como un intento de ejercer influencia sobre un área de inversión de relevancia para sus clientes”.
En el informe realizado por la unidad de Asesoría de Mercados Financieros de BlackRock, dado a conocer en agosto del año pasado, se aseguraba que la banca europea estaba respondiendo lentamente en materia de sostenibilidad y que solo contaba una comprensión limitada de su exposición a los riesgos ambientales, sociales y relacionados con la gobernanza. BlackRock instaba además a los legisladores a tomar más medidas y “acelerar el ritmo de implementación para lograr una integración efectiva de ESG dentro de la gestión de riesgos, la supervisión prudencial y las estrategias comerciales y las políticas de inversión”.
Las críticas recibidas han llevado a Bruselas a incluir en la propuesta de reglamento financiero una actualización de la definición de conflicto de intereses. Según el texto, que debe ser aprobado por el Parlamento y por los Estados miembros, “todos los licitadores deben presentar una declaración jurada en la que confirmen que no tienen ningún conflicto de intereses profesionales, y proporcionar la información pertinente cuando se les solicite”. Además, la Comisión Europea estará obligada a evaluar la existencia de dichos conflictos de intereses cuando se declaren por los licitadores o sobre la base de información adicional. En caso de que se compruebe la existencia de esta problemática se rechazará la adjudicación.
BlackRock echa el freno al ecologismo
Cambio de criterio. La mayor gestora de activos se ha puesto en contra al colectivo ecologista. BlackRock ha reconocido recientemente que la guerra en Ucrania y el veto al gas y al petróleo ruso por parte de EE UU, Reino Unido y la Unión Europea han provocado que no vaya a aprobar la mayoría de las resoluciones de los accionistas sobre el cambio climático este año en las juntas porque se han vuelto demasiado extremas o demasiado prescriptivas.
Objetivos de Glasgow. La gestora de fondos seguirá exigiendo a las empresas en las que invierte que se comprometan a establecer objetivos a largo y corto plazo para reducir las emisiones. Sin embargo, su falta de apoyo a la reducción de emisiones en las juntas de accionistas desincentivará la descarbonización, apuntan en el mercado.
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