Luis Bárcenas —o “esa persona”, como repiten el expresidente Mariano Rajoy y la exministra María Dolores de Cospedal— abrió en canal al PP hace ya casi ocho años.
—La primera pregunta es si usted está en condiciones para prestar declaración en el día de hoy —le inquirió el 15 de julio de 2013 el juez Pablo Ruz, que había iniciado en la Audiencia Nacional una investigación sobre los papeles de Bárcenas.
—Sí, estoy en condiciones —contestó contundente el ya para entonces extesorero popular.
Y tanto que lo estaba. A partir de ese momento, con su primera confesión sobre la caja b, Bárcenas abrió las compuertas a un tsunami del que el PP, en pleno 2021, aún trata de escapar. La última víctima la anunciaba Pablo Casado, actual líder del partido, el pasado 16 de febrero: abandonarán la sede de Génova 13, un edificio clave en el juicio sobre la contabilidad paralela que ha acabado esta semana. Una vista que se ha prolongado durante 27 sesiones a lo largo de más de tres meses y que “ha sido un verdadero regreso al pasado”, como admitió el abogado de los populares, Jesús Santos.
Desde el 8 de febrero, cuando comenzó el juicio, la dirección del PP ha tratado de obviar todo lo que ocurría entre las paredes del edificio que la Audiencia Nacional tiene en un polígono de San Fernando (Madrid). Pero resulta difícil escapar de un escenario por donde desfilan (aunque sea por videoconferencia) los más insignes exdirigentes del PP, incluido Rajoy y José María Aznar; y donde las acusaciones intentan destripar una contabilidad opaca que anidó en la formación 20 años, como ya dio por acreditada la sentencia de la trama principal de Gürtel, conocida como Época I. “Una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el 1989”, rubricó el tribunal en 2018.
Los contables. Los investigadores sitúan a dos hombres al frente de la caja b: al fallecido Álvaro Lapuerta, tesorero durante 15 años (1993-2008); y a Luis Bárcenas, que asumió el cargó en 2008 tras ejercer como gerente desde 1990. En palabras del fiscal Antonio Romeral, ambos “gestionaban”, “administraban”, y eran “responsables” de unos fondos que nunca se declararon a Hacienda. Los papeles de Bárcenas eran el reflejo: “Esos documentos son reales porque recogen, al menos en parte, información veraz de una realidad con trascendencia penal”, resumió el ministerio público en su alegato final.
