El canciller de Austria, Sebastian Kurz, está en el punto de mira de la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción investiga al líder de los conservadores (ÖVP) y a su jefe de gabinete, Bernhard Bonelli, por supuesto falso testimonio ante una comisión parlamentaria en relación con casos de favoritismo en la ocupación de cargos de la Administración y donaciones ilegales a partidos. El propio jefe del Gobierno ha admitido antes del Consejo de Ministros de este miércoles que está bajo investigación, pero considera que las acusaciones no se sostendrán y descarta dimitir.
Kurz declaró en junio de 2020 ante la comisión del llamado caso Ibiza —un escándalo de corrupción que hizo caer al primer Ejecutivo del conservador con la ultraderecha— y la Fiscalía analiza sus manifestaciones en torno a la elección el año anterior de Thomas Schmid, un asesor que ha tenido cargos relevantes en diferentes Ministerios controlados por los conservadores, como presidente de la sociedad estatal Öbag. La oposición pretendía averiguar hasta qué punto intervino el canciller para colocar a Schmid y el Ministerio público ve contradicciones al respecto en el testimonio de Kurz, según los medios austriacos. “Sabía que es un requisito legal decir la verdad en la comisión y, por lo tanto, por supuesto, siempre respondí con sinceridad”, ha asegurado el dirigente en una breve declaración antes del Consejo de Ministros.
Kurz se ha quejado de que en la comisión de investigación “se crea deliberadamente un ambiente acalorado con preguntas capciosas” en el que se retuercen las palabras para provocar que los que testifican caigan en “declaraciones falsas”. “Me esforcé siempre, y durante horas, en contestar todas las preguntas lo mejor posible, dentro de lo que podía recordar, y de acuerdo a la verdad, pese a que se trata de asuntos de hace años y que no tienen que ver con los temas principales de mi actividad como jefe de Gobierno”, ha dicho Kurz. Los medios austriacos destacan, en cambio, que la Fiscalía considera que el canciller pudo incurrir en falso testimonio al rechazar que hubiera intervenido en la designación de Schmid, colaborador cercano, para dirigir la Öbag.
El líder democristiano no es el único investigado en su Gobierno. El ministro de Finanzas, Gernot Blümel, también está pendiente de una causa en la que los fiscales investigan una posible donación de una empresa al partido a cambio de una intermediación. Los medios austriacos publicaron recientemente el contenido de varios chats entre dirigentes del ÖVP, entre ellos mensajes de Blümel y del propio Kurz, a Schmid, que en ese momento trabajaba en el departamento de Finanzas. Schmid se encargó de gestionar peticiones para colocar gente y acabó encaramado a la dirección de Öbag, con una abultada nómina. “Eres familia”, le escribió el ministro de Finanzas; “de todas formas, recibirás lo que quieras”, prometía Kurz.
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En las últimas semanas, se le han acumulado al líder conservador los titulares críticos por enchufes de miembros de su partido y por la cercanía presuntamente sospechosa de integrantes del Gobierno a algunas empresas. La lupa pública sobre los favoritismos se deriva del caso Ibiza, de aquel vídeo grabado con cámara oculta al exlíder ultraderechista Heinz-Christian Strache en la isla balear en julio de 2017, meses antes de unas elecciones que le convirtieron en vicecanciller de la mano de Kurz, que se encaramó entonces a la jefatura del Gobierno con solo 31 años y escogió a los extremistas como socios.
En la grabación, Strache prácticamente ponía en venta Austria, ofrecía a una falsa sobrina de un supuesto oligarca ruso futuros contratos públicos y otras ventajas, y alardeaba de que podía hacer donaciones no rastreables a partidos a través de entidades culturales. Sus palabras abrieron una caja de Pandora que aún no se ha cerrado y ahora ha acabado por salpicar al canciller.
Kurz rompió la coalición con los ultras en mayo de 2019 al destaparse el asunto y, tras ganar unas elecciones anticipadas, ahora gobierna con Los Verdes como socio minoritario. Mientras, el Parlamento creó una comisión de investigación sobre las sospechas de corrupción derivadas del vídeo de Ibiza. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto varias causas, tanto al ultra Strache como otras por posibles sobornos o donaciones ilegales de empresas a partidos políticos. En ese contexto, en marzo ordenó el registro de la vivienda del ministro de Finanzas, Gernot Blümel, del círculo más cercano a Kurz, por sospechas de donaciones al ÖVP a cambio de una intermediación para una empresa de juegos y casinos que el investigado y la firma niegan.
El jefe del Gobierno ha reconocido que la Fiscalía Anticorrupción podría presentar una denuncia penal en cualquier momento, e incluso supone que así ocurrirá, aunque cree que “no tendrá ninguna consecuencia”. No lo ve así la oposición. El partido de ultraderecha FPÖ no ha tardado en pedir su dimisión, mientras que los socialdemócratas han afirmado que, en caso de que la Fiscalía formalice una denuncia penal contra él, la situación sería insostenible y tendría que dejar el cargo. Los liberales de Neos, entre críticas por las sombras arrojadas sobre el Gobierno, no han pedido de momento la dimisión del canciller.
Los Verdes, socio minoritario en el Ejecutivo, se han limitado a señalar que tienen “plena confianza en la Justicia” y que esta analizará “con tranquilidad y seriedad” los reproches contra el canciller, como hace con cualquier otro caso, informó el periódico Der Standard.
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