A Carolina no le preocuparon demasiado los rumores que se desataron cuando, en julio de 2016, aterrizó en el módulo de mujeres de la cárcel catalana de Brians 1. “Decían que yo no debía estar ahí porque tenía pene y no estaba operada”. Decidió ganarse el respeto de sus compañeras mostrándose tal como es. “Un día me despeloté en el patio y dije: ¡Aquí estoy yo!”, cuenta esta mujer transexual acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles: se ha ganado la vida en calles de medio mundo, incluida la Casa de Campo de Madrid o los alrededores del Camp Nou, en Barcelona.
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Carolina (nombre ficticio) nació varón, pero supo que se sentía mujer a los 12 años, cuando escapó de su casa en Barranquilla (Colombia) y comenzó una vida errante: trabajadora sexual y activista por los derechos del colectivo trans ―”he hecho de mi cuerpo un instrumento”―se convirtió en una de las primeras mujeres transexuales que obtuvo asilo en España.
Los primeros días como presa preventiva los pasó en la histórica cárcel Modelo de Barcelona, reservada a hombres y clausurada en 2017. “Como me había quemado los pies en el incendio, estuve en la enfermería, de donde no me dejaron salir. Estaba en shock, lloraba… No sabía cómo me había metido en semejante embrollo”. Aún no se explica por qué la juez la mandó allí cuando su pasaporte la identifica como mujer.
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En prisión, Carolina abrió camino a otros presos transexuales que lo tuvieron aún más difícil que ella: al no poder tramitar el cambio de sexo en el Registro Civil, esos internos ―la mayoría, extranjeros― se quedaban sin la posibilidad de vivir en un módulo acorde con su identidad sexual. En 2019, la Generalitat cambió las reglas del juego con una instrucción penitenciaria que permite el traslado de prisión sin necesidad de realizar esos trámites.
Un año y ocho meses después de su aprobación, 11 transexuales han solicitado cambio de módulo o de centro penitenciario; casi todas las peticiones se han aceptado. El traslado requiere el aval de la junta de tratamiento de cada cárcel en función de unos criterios: el delito cometido, el historial penitenciario, los riesgos de sufrir (o causar) violencia en el nuevo destino, y que la decisión sea “consistente” o puramente “instrumental”. La última palabra la tiene siempre el departamento de Justicia. Como Carolina, la inmensa mayoría son mujeres transexuales.
