El aumento de llegada de migrantes a las costas canarias que se produjo a finales del 2020 desbordó por completo la red de acogida en espacios cedidos por el Cabildo y los propios ayuntamientos. Fue necesario recurrir a hoteles y apartamentos turísticos cerrados por la crisis, pero también a naves industriales, colegios o terrenos del ejército para alojar provisionalmente a las cerca de 7.000 personas que estaban acampadas en el puerto de Arguineguín.
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En diciembre de 2020, unas 20.000 personas habían arribado en pateras. Tras un año de récord en el número de llegadas a costas, una situación de alerta sanitaria por la covid-19 y la facultad para ejecutar expulsiones mermada, el Gobierno finalmente asumió la situación en Canarias como una emergencia con medidas como el Plan Canarias, que había que resolver cuanto antes: el goteo constante de llegadas podría empeorar más aún la situación.
Diversas organizaciones locales tuvieron que adecuar infraestructuras, abrir recursos, seleccionar y contratar personal capacitado en un tiempo récord. Todo un reto para una ONG como la Fundación Cruz Blanca que, aunque con experiencia en la península, solo lleva dos años trabajando en las islas. La congregación franciscana comenzó su trabajo en Las Palmas con un centro para mujeres con o sin menores a cargo que pudieran estar vinculadas con alguna red de trata de personas. A día de hoy, cuentan con cuatro espacios y un total de 741 plazas. Cerca de mil personas ya han pasado por alguno de ellos.
