La propuesta lanzada desde ERC para reformar ahora en el Código Penal los castigos previstos para el delito de malversación, los más relacionados con la corrupción económica y política, de manera que beneficiasen especialmente a los condenados, imputados o fugados por el proceso independentista, no ha encajado bien en la mayoría de los socios de la coalición de investidura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrió el domingo a estudiar esa iniciativa en el trámite parlamentario, pero ese camino se vislumbra complicado. ERC, que admite que el asunto es complejo y problemático, traslada en cualquier caso que esa negociación, aún en fase muy exploratoria, no está vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ni tampoco a la proposición de ley ya registrada para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas, según fuentes oficiales de los republicanos. La reforma de la malversación ha destapado además la existencia de divergencias en el seno de Unidas Podemos y de otros aliados habituales del Ejecutivo.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tenía este martes varios mensajes para lanzar, con destinatarios diversos. El dirigente republicano había eludido en las últimas semanas sus habituales comparecencias en el Parlamento para favorecer algunas negociaciones en marcha, delicadas, y que según su criterio requerían más discreción, especialmente por parte del sector socialista del Gobierno. Ese fue ayer uno de sus primeros reproches. “Esto que llega ahora viene de hace tiempo, pero los tiempos no los llevamos nosotros, no somos nosotros quienes llevamos las negociaciones al último momento”, afirmó en un mensaje dirigido al PSOE. ”Intentamos ser bastante discretos”, añadió, “desconfíen de quien hable mucho de estas negociaciones. Hay que intentar definir y acotar el Código Penal para modernizarlo y no dar lugar a interpretaciones capciosas, interesadas o ideológicas por parte de los jueces. Y eso pasa por definir mucho mejor los delitos”.
En ERC están interesados en suavizar y moderar la polémica levantada con el debate sobre los cambios posibles en el delito de malversación que pueden beneficiar a políticos condenados por corrupción, porque aún no renuncian a que pueda prosperar, aunque esa no haya sido ni la prioridad de estas negociaciones ni vaya a suponer ningún veto sobre otras materias de mayor relevancia. Fuentes de ERC apuntan, así, que todos los escenarios sobre la malversación siguen siendo posibles: presentar y votar una enmienda conjunta con el PSOE, que ese partido y otros tumben en la votación la que ellos pudieran formalizar en solitario si no hubiera acuerdo y hasta retirar su intención de llevar el asunto al pleno.
Lo que en ERC rechazan, categóricamente y por ahora, es relacionar esa demanda con lo ya conseguido con la sedición y con los contactos que se están produciendo con el Ministerio de Hacienda para salvar a final de año el trámite de la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2023. “Son asuntos diferentes, que llevan negociaciones y con negociadores diferentes, que a veces se cruzan o provocan que se tengan que anular algunas citas que estaban cerradas, pero que nosotros sabemos desligar totalmente”, remachan fuentes de la cúpula de ERC. Nada está aún solventado, pero las mismas fuentes anotan que las conversaciones sobre las cuentas públicas siguen su curso y están bien enfiladas, “entre otras razones, porque no hay tampoco alternativas”.
Rufián, en cualquier caso, sí quiso aportar este martes dos novedades desde el flanco de ERC: que las negociaciones para hablar sobre los cambios en los delitos de sedición y hasta de malversación vienen de lejos y que no han acabado. No quiso ser mucho más explícito. El sector socialista del Gobierno había puntualizado en los días y las horas previas que sí llevaban un tiempo tanteando las opciones sobre la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes público agravados y, de hecho, fue el pasado viernes cuando el PSOE y Unidas Podemos registraron hasta una proposición de ley conjunta con el objetivo de homologar y armonizar esas penas a las contempladas en otros países europeos. No hablaron entonces de la malversación, aunque esa demanda estaba en los planes de los partidos independentistas desde las condenas a los líderes del procés y aún más desde que el Tribunal de Cuentas les requirió a varios de ellos millonarias indemnizaciones.
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Tras ver expedita ERC la vía parlamentaria con suficientes apoyos para que la sustitución de la sedición prospere, cuando se lleve a votación, el presidente catalán, Pere Aragonés, y otros dirigentes republicanos, retomaron sus demandas sobre la malversación. Y Sánchez, en una entrevista el domingo en La Vanguardia, abrió la puerta a estudiar esa reclamación si disponía en el Congreso de suficientes apoyos. Ese es el argumentario que repitieron más tarde otros ministros, responsables socialistas y hasta el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, el catalán Jaume Asens, que avanzó la posibilidad de que su formación tramitase su propia enmienda al respecto. Pero la propuesta para ajustar las penas sobre la malversación, diferenciando a los que se lucrasen o enriqueciesen personalmente de los que no, y las consecuencias que podría ocasionar en beneficios para condenados por corrupción, tanto en el ámbito socialista (caso ERE) como del PP (Gürtel o Kitchen), alertó finalmente a los socios habituales del Ejecutivo.
Rufián admitió este martes lo peliagudo de su planteamiento, siendo ERC un partido que se ha distinguido por su combate contra la corrupción en Cataluña y en Madrid contra los escándalos de los gobiernos del PP, pero defendió que debería ser posible buscar lo que llamó una solución “quirúrgica” que solo afectase a la malversación cuando este delito esté “vinculado a la sedición”, lo que acotaría el alcance de la reforma exclusivamente a los dirigentes independentistas del procés catalán e intentando que no afectase a la lucha contra los corruptos. ERC no ha facilitado información concreta de cómo se redactaría la enmienda que corregiría así el nuevo delito de malversación. El Gobierno tampoco.
Los partidos aliados habituales del Gobierno se mostraron ayer abiertamente escépticos ante el trasfondo de esa propuesta, la mala acogida que observaron en la mayoría de los medios de comunicación y lo difícil que podría resultar explicar su sentido a los ciudadanos, ante la inminente campaña electoral que se avecina, según reconocieron en público y en privado con distintos matices la mayoría de sus portavoces. Algunos de ellos, como el propio Pablo Echenique, de Unidas Podemos, o Joan Baldoví, de Compromís, apuntaron que querrían conocer bien antes y al detalle la literalidad de esa iniciativa. Pero Echenique le observó ya de entrada bastantes “aristas” y Baldoví requirió un poco de “precaución y cautela”.
La intervención muy desapegada de Echenique contrastó, particularmente, con el mensaje entusiasta que había formulado el día anterior, en el mismo escenario del Congreso, el presidente de ese grupo parlamentario. El portavoz de Unidas Podemos apostilló que quizá Asens había hablado “en nombre de En Comú Podem o como jurista de reconocido prestigio”. Y añadió que este solo le había informado apenas una hora antes de que el presidente Sánchez comunicara sus planes sobre la sedición el pasado jueves en una entrevista televisiva. Otros dirigentes de UP se han lamentado en público de la falta de comunicación sobre estos temas por parte del sector socialista del Gobierno, aunque fuentes de esa formación reconocen que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí estaba al tanto.
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