La inversión es el pilar fundamental del crecimiento económico, tanto para negocios como para familias. En este contexto, cada decisión de invertir en educación o infraestructura es una apuesta por un futuro más prometedor, tanto a nivel personal como nacional. Sin embargo, un fenómeno preocupante se ha observado en países que han apostado por políticas de gasto inmediato en lugar de fomentar la inversión: el empobrecimiento silencioso que afecta a millones.
Los recientes datos reflejan que en México la formación bruta de capital fijo, una métrica clave para medir la inversión, se encuentra en su punto más bajo desde que se tienen registros, alcanzando apenas el 22.9% del PIB. Este descenso es alarmante si se considera que el sector privado aporta el 86% de esa inversión, mientras que el gobierno, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, contribuye con un escaso 14%. Esta tendencia se ha visto exacerbada por la necesidad de financiar programas sociales, pensiones y el creciente costo de la deuda pública, que han limitado la capacidad estatal para invertir en proyectos que realmente beneficien al país.
Durante los últimos años, las administraciones anteriores tomaron deuda con el fin de destinar recursos a grandes obras de infraestructura que han resultado en pérdidas significativas. Las decisiones de priorizar estos proyectos, a menudo con rentabilidad social negativa, han relegado aspectos fundamentales como el acceso a servicios básicos de agua potable, electricidad y transporte eficiente. En este marco, mientras el sector privado ha tratado de adaptarse a las nuevas realidades del comercio global, como el nearshoring, la falta de un entorno legal y de seguridad jurídica adecuado ha desalentado la inversión privada. Esto se traduce en que, aun cuando se publicitan compromisos de inversión por parte de empresas, el temor y la incertidumbre mantienen a muchos actores económicos al margen.
Lamentablemente, esta falta de inversión tiene consecuencias directas: millones de mexicanos se ven condenados a un futuro incierto. La raíz del problema radica en la incapacidad del Estado para gestionar recursos de manera eficiente y en su tendencia a priorizar el gasto inmediato sobre la inversión que podría generar un crecimiento sostenido.
Hoy, ante la presión de un envejecimiento poblacional que aumentará la necesidad de pensiones y otros gastos sociales, resulta crucial repensar la estrategia económica del país. La combinación de una inversión estatal ausente, un sector privado temeroso y una gestión pública que privilegia el corto plazo sobre el desarrollo sostenido plantea un desafío monumental.
La posibilidad de un cambio radica en abordar estas realidades con un enfoque renovado, donde se promueva un ambiente de confianza para los inversionistas y una administración responsable que asegure el bienestar a largo plazo. Solo así México podrá aspirar a un futuro donde el crecimiento económico sea equitativo y sostenible.
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