Después de más de seis horas de debate, la 76 Legislatura de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con 27 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La discusión inició a las 13:30 horas y concluyó a las 19:10 horas, tras la intervención de legisladores de diversas fuerzas políticas que expusieron sus puntos de vista sobre el alcance de la nueva legislación.
El diputado priista Guillermo Valencia Reyes explicó su voto favorable, aunque advirtió que la crisis de desapariciones en Michoacán y México no se resolverá solo con una ley. Señaló que muchas familias sufren desplazamientos y la pérdida de sus hijos, quienes son reclutados para una guerra sin razones claras. Además, lamentó que la ley no garantice por sí misma el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, y enfatizó que cualquier legislación queda en letra muerta si no se aplica.
Por su parte, el diputado de Morena Alejandro Iván Arévalo Vera celebró que la ley fortalezca los registros, proteja a las personas buscadoras y mejore la coordinación entre instituciones. Indicó que la ley establece responsabilidades y sanciones administrativas, además de prever acciones penales cuando corresponda. Destacó la necesidad de un marco normativo eficaz para proteger a quienes buscan a desaparecidos y atender esta problemática.
La diputada panista Vanessa Caratachea señaló que México enfrenta una crisis humanitaria con más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil sin identificar. Criticó la falta de presupuesto, personal especializado, deficiencias en el manejo de información genética y obstáculos en los procesos de identificación. Citó un reconocimiento del Estado mexicano sobre la crisis forense que dificulta la identificación de miles de cuerpos. También cuestionó que el gobierno actual siga responsabilizando a administraciones anteriores para justificar sus omisiones.
La ley, que estuvo ocho años pendiente, fue aprobada en esta legislatura pero aún requiere asignación de recursos públicos. Establece un marco jurídico para que las acciones de búsqueda sean inmediatas, ordenadas y especializadas, y regula la atención de delitos relacionados con desapariciones. Entre sus objetivos están la protección de derechos humanos, la participación de familias, la colaboración institucional, el acceso a información para identificar personas y la reparación integral de las víctimas.
El ordenamiento crea el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, encargado de coordinar las acciones de las autoridades, y contempla la Alerta Estatal de Búsqueda que debe activarse ante reportes de desaparecidos. También establece un registro de personas desaparecidas para facilitar el intercambio de información y la identificación.
El diputado ecologista David Martínez Gowman explicó que este registro regulará las bases de datos necesarias para compartir información y facilitar la búsqueda. Además, reconoce el derecho de las familias a participar en la búsqueda, aportar datos, recibir avances y colaborar con las autoridades.
La ley obliga a instituciones públicas y privadas que tengan información útil para la búsqueda a permitir su consulta conforme a la ley, incluyendo registros biométricos, datos hospitalarios, de centros de detención, servicios forenses e instituciones de salud. El incumplimiento injustificado por servidores públicos puede considerarse falta grave y ser sancionado administrativamente, además de las responsabilidades penales correspondientes. Los particulares también podrán ser sancionados si se niegan a proporcionar o actualizar información cuando estén obligados.
Se considera grave el uso indebido de la Plataforma Única de Identidad o la información obtenida a través de ella para fines no autorizados. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Baltazar Gaona García, defendió la aprobación y afirmó que pueden hacerse modificaciones para mejorar la ley, pese a críticas y amenazas de recursos legales para invalidarla.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. La Comisión de Búsqueda tendrá 120 días hábiles para hacer las adecuaciones necesarias y 180 días para emitir el reglamento. Los recursos públicos para su funcionamiento serán analizados en el paquete fiscal del ejercicio 2027.
Datos basados en información reportada originalmente por changoonga.com.
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