La reciente captura y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dejado una estela de violencia y un impacto económico considerable en México. Según datos revelados por Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, este operativo federal realizado el 22 de febrero ha afectado a aproximadamente un millón de negocios en 24 entidades federativas, generando pérdidas que oscilan entre mil 500 y 2 mil millones de pesos. La afectación directa se extiende, lamentablemente, a cerca de 4.8 millones de personas.
Durante una entrevista, de la Torre expuso la preocupación de la organización ante el fenómeno de la extorsión en el país. Destacó que, de continuarse con la estrategia de intervención militar y federal, existe el potencial de una disminución entre un 10 y 20 por ciento en delitos de extorsión y de otros comportamientos delictivos. Esta caída se traduce, según sus cálculos, en un ahorro anual de aproximadamente 18 mil 645 millones de pesos, equivalente al 0.08 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
La seguridad, explicó, representa uno de los mayores costos constantes para los negocios familiares. Las cifras son alarmantes: el sector destina casi 124 mil millones de pesos anualmente en este ámbito. De esa cantidad, cerca del 54 por ciento se invierte en medidas preventivas como cámaras y seguridad privada, mientras el 46 por ciento se asocia a pérdidas por extorsiones y robos.
Propietarios de negocios de distintas regiones del país han percibido una mejora en su contexto de seguridad, expresando un renovado sentido de esperanza. Muchos reportan que, a raíz de estos operativos, sienten que podrán reanudar sus actividades comerciales sin el temor constante que por años les ha acompañado.
Sin embargo, el foco que se pone sobre la extorsión revela que la falta de denuncias es un problema aplastante. De acuerdo con de la Torre, “en México, al que denuncia este delito lo matan”. Esta situación ha impulsado iniciativas legislativas que buscan crear un marco más robusto para perseguir la extorsión de oficio. La Confederación ha promovido reformas en los códigos penales estatales para que la acción penal no dependa exclusivamente de la denuncia de las víctimas. La nueva legislación obliga a las autoridades a actuar al presentar indicios del delito.
Otro aspecto resaltante es el fortalecimiento de mecanismos de denuncia anónima, como la línea 089, creada específicamente para prevenir la identificación de quienes buscan reportar situaciones de extorsión. La Confederación colabora con los distintos niveles de gobierno para capacitar a los empresarios en el uso de esta línea y proporcionarles manuales de orientación ante posibles intentos de extorsión.
Finalmente, se hace un llamado a los congresos locales para que revisen y armonicen sus leyes conforme a la legislación general, garantizando así un entorno más seguro para las familias y los negocios dentro de sus comunidades. En este contexto, la necesidad de un Estado de Derecho sólido se vuelve esencial, no solo como un requerimiento legal, sino como una garantía de estabilidad económica y social en el país.
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