El gobierno federal ha lanzado un ambicioso programa de inversión carreteras que abarca 2026 y los años venideros, con una participación privada que resulta crucial. La inversión conjunta se ha estimado en más de 397,000 millones de pesos, un esfuerzo que busca no solo mejorar la conectividad y la seguridad vial, sino también reducir los tiempos de traslado, fortalecer el comercio exterior y generar empleos.
Durante una conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicaron que este programa se llevará a cabo a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y contempla el desarrollo de 18 proyectos, organizados en dos esquemas. De estos, 11 se ejecutarán bajo el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), mientras que 7 utilizarán inversión mixta, a las que se agregarán cinco proyectos más que aún están en análisis.
Se estima que, en conjunto con los proyectos adicionales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la inversión superará los 150,000 millones de pesos, generando así aproximadamente 177,000 empleos directos y 142,000 indirectos, además de la construcción o modernización de más de 1,450 kilómetros en 11 estados. Entre estos estados se encuentran Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Mendoza enfatizó que ambos modelos son autofinanciables y no implican la cesión de concesiones al sector privado. En el modelo CMRO, la concesión se mantiene en manos del Estado, mientras que el privado participa mediante contratos de corto o mediano plazo que están sujetos a estrictos estándares de desempeño. En el esquema de inversión mixta, el gobierno mantendrá la mayoría accionaria (por ejemplo, un 51%) y compartirá riesgos y beneficios con los inversionistas.
Desde el inicio de su administración, se han destinado 113,000 millones de pesos a ejes prioritarios, logrando la finalización de casi 2,500 kilómetros de infraestructura. Para el año 2026, están programados nuevos tramos en Guerrero y Puebla que sumarán 112 kilómetros, con una inversión de 3,148 millones de pesos, así como otras obras en Hidalgo y San Luis Potosí. También se proyecta un avance significativo en los proyectos Macuspana–Escárcega y Salina Cruz–Zihuatanejo.
La inversión en la infraestructura de puentes también ha sido notable, con obras completadas como el puente Pérez Escobosa en Mazatlán, y avances en estructuras como el Nichupté, el distribuidor Santa Ana–Chiautempan en Tlaxcala y el acceso al puerto de Veracruz. Otros proyectos en Colima, Morelos, Nayarit y Querétaro siguen en marcha, muchos de ellos surgidos tras daños ocasionados por fenómenos naturales, destinados a mejorar la conectividad urbana y portuaria.
Este panorama no solo augura un futuro más dinámico para la infraestructura del país, sino que también refleja la inversión estratégica necesaria para el desarrollo económico y social en las diversas regiones de México. Las obras que están por venir representan una oportunidad significativa para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
