El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado decisiones significativas en relación con las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estas acciones buscaban invalidar ciertas disposiciones del Código Familiar para el Estado de Morelos y de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila. Sin embargo, la SCJN no logró alcanzar los ocho votos necesarios, lo que llevó a desestimar ambas acciones.
En el primer caso, la CNDH impugnaba el artículo 457, fracción V, del Código Familiar de Morelos, que estipula que uno de los requisitos para contraer matrimonio es la presentación de un certificado médico. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá había propuesto declarar la inconstitucionalidad de este artículo; no obstante, su proyecto fue rechazado al recibir solo seis votos a favor.
Asimismo, la ponencia de Javier Laynez Potisek abordó el segundo asunto, relacionado con la Ley de Pensiones de Coahuila. Esta propuesta también fue desestimada al no conseguir los votos requeridos, específicamente respecto al artículo 11 Bis y ciertos artículos transitorios que fueron promulgados el 29 de julio de 2022. Laynez Potisek aclaró que las jurisprudencias aplicables a los trabajadores al servicio del Estado no se extienden a aquellos que forman parte de la burocracia local.
Por otro lado, la SCJN, siguiendo una solicitud de la Comisión Federal de Competencia Económica, decidió posponer la resolución sobre la controversia constitucional contra la Ley Federal de Austeridad Republicana, que fue promulgada el 19 de noviembre de 2019. La razón principal para este aplazamiento fue el contexto de transición político-administrativa que se prevé tras la desaparición de dicha ley en 2024.
Esta serie de decisiones refleja la complejidad del sistema legal en México y el papel crítico de la SCJN en la interpretación de la constitucionalidad de las leyes. Las implicaciones de estos fallos se extenderán más allá de los casos individuales, tocando temas fundamentales de derechos humanos y de la administración pública, lo que sigue generando un amplio interés y debate entre la ciudadanía y expertos en derecho.
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