Sentados en una mesa rectangular en el salón de un piso, cinco adolescentes comentan los libros que están leyendo. No dominan el español al 100%, pero algunos de ellos saben francés y eso les ayuda. Abdel, de 17 años, es el único que lee en formato digital, se siente cómodo con el portátil.
Va por la página 37 de Padre rico, padre pobre, que trata de qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero. Lo vio en un vídeo de TikTok y le interesó. Cuando Abdel llegó a España desde Argelia, creía que podría matricularse directamente en la Universidad para cursar una ingeniería. Como otros jóvenes de su edad, llegó en patera y no midió su idealización del destino al que se dirigía, se lanzó al mar con una idea distorsionada de Europa.
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Ahora vive en un piso tutelado en un pueblo de Valencia junto a otros cuatro menores extranjeros no acompañados. Cumplir 18 años suele suponer para un español poder votar, conducir o fumar. Para él ha empezado una angustiosa cuenta atrás: para entonces, nadie le asegura que dispondrá de una habitación en un piso compartido y cuenta con menos de dos años para conseguir una formación que le dé acceso a un empleo (deben acreditar unos ingresos por encima de 500 euros al mes). De no conseguirlo, no obtendrá la residencia legal y se verá en una situación de desamparo.
Son las 11.30 de la mañana de un jueves de mayo y en la que ahora es la casa de Abdel reina el orden. La disciplina es muy importante para estos chicos que, llegados desde países como Marruecos, Argelia o Malí, creían que conseguir un trabajo en España, comprar un coche y acceder a una casa no sería complicado.
“Nuestro trabajo es ponerles los pies en la tierra, no pueden permitirse ser adolescentes corrientes, tienen que dar un salto en cuanto a sus responsabilidades con el que no contaban, crecer antes de tiempo y entender que cada uno nace con sus circunstancias, y las suyas son complejas”, explica Nuria Ferreres, directora del piso tutelado, ubicado en un edificio de tres plantas de un pueblo de Valencia de unos 80.000 habitantes y cuyos gastos cubre la Generalitat Valenciana ―157 euros al día por cada menor tutelado―.
